El 60 por ciento de las empresas privadas en Venezuela cerraron en los últimos 20 años, según datos presentados por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) a la Asamblea Nacional de Venezuela, a mediados de 2019. Fedecámaras indicó que 370 000 empresas, de las 620 000 que existían en 1998, desaparecieron.
De ellas, unas 1500 cayeron en las manos del gobierno a través de expropiaciones, en el marco del plan de nacionalización de áreas estratégicas iniciado por Hugo Chávez, dijo a Diálogo Carlos Fernández, expresidente de la Fedecámaras en exilio en los EE. UU. Empresas petroleras, compañías de electricidad, finanza y constructoras, entre otras, fueron nacionalizadas.
A partir de 2007, bajo el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, el Estado empezó a tomar el poder en varios sectores que hasta ese entonces eran privatizados. El Estado también utilizó su plan para sancionar a empresas multinacionales que se negaron a negociar y a permanecer como socios minoritarios. En junio de 2007, por ejemplo, las petroleras estadounidenses Exxon Mobil y ConocoPhillips fueron despojadas de sus proyectos en territorio venezolano, que pasaron a control estatal bajo PDVSA.
En 2010, Chávez aceleró los procedimientos de expropiaciones, reduciendo los trámites burocráticos y permitiendo la confiscación de bienes sin la autorización del parlamento. Las reformas a las leyes fueron presentadas como necesarias para el interés social y la seguridad del Estado. A través de su programa de televisión semanal Aló Presidente, Chávez ordenó la toma de control de varias compañías, como en el caso de la empresa estadounidense de producción de cristal Owens-Illinois y la siderúrgica venezolana privada Sidetur.
“Los grandes parques industriales del país […] están casi en un 90 por ciento paralizados, y todo por la política de violación de la propiedad privada y la expropiación de empresas”, dijo a Diálogo el diputado Carlos Berrizbeita, miembro de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Muchos gigantes del sector industrial perdieron sus instalaciones durante el régimen de Chávez. Según Berrizbeita, la expropiación en 2010 de la empresa Agroisleña, que era la principal proveedora de insumos y servicios de comercialización de los productos agrícolas en Venezuela, fue el punto de arranque de la crisis alimentaria que padece el país.
“Contaba con más de 60 delegaciones en toda Venezuela con una amplia red de silos, mezcladoras, tiendas, laboratorios, mercados de semillas y fertilizantes, y montaron una red de financiamiento para las pequeñas y medianas industrias agrícolas del país, para poder producir las tierras que representaban un 80 por ciento de la producción agrícola de Venezuela”, dijo el diputado.
La crisis económica forzó el cierre de miles de compañías, mientras empresas extranjeras tuvieron que debatir si quedarse en Venezuela o arriesgarse a perder sus inversiones locales. Bajo el régimen de Maduro las expropiaciones continúan, con la toma en 2015 de bodegas de las empresas multinacionales Nestlé, Pepsi y Cargill (para construir unas pocas habitaciones), y en 2018 de Kellogg, cuando la corporación anunció que planeaba cerrar sus operaciones. Durante la serie de apagones que sufrió el país en el primer trimestre de 2019, el 96 por ciento de las empresas disminuyeron su producción, mientras un 14 por ciento detuvo por completo sus actividades, señaló la Confederación Venezolana de Industriales.
“Aquí lo que ha habido es un robo utilizando el poder del Estado, ya que ellos tienen las instituciones del Estado secuestradas”, declaró Berrizbeita. “Bastaba una orden de Chávez y ahora de Maduro para que las empresas sean arrancadas a sus propietarios sin ningún tipo de pago”.