Una red criminal transnacional centrada en el Cártel de los Soles —la organización terrorista integrada en el régimen venezolano y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB)— opera bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro. La existencia y la estructura de esta alianza, que incluye al Ejército de Liberación Nacional (ELN), están documentadas en informes recientes de inteligencia militar y corroboradas por análisis de organizaciones como InSight Crime y el International Crisis Group.
Según los informes de inteligencia, esta alianza colectiva actúa como un “proxy estratégico” y brazo armado en defensa del régimen de Maduro, lo que representa una amenaza creciente para la seguridad y estabilidad de Latinoamérica y el Caribe.
Alianza forjada en Caracas
Los informes, procedentes de agencias de inteligencia del Medio Oriente y en poder de las Fuerzas Militares de Colombia, a los que tuvo acceso la revista colombiana Semana, revelan que la relación entre el ELN y el régimen venezolano se remonta a más de cuatro décadas. Según Semana, el régimen de Maduro habría brindado apoyo sostenido a la guerrilla colombiana, tanto logístico como militar.
Entre las revelaciones más significativas se encuentra la existencia de campamentos activos del ELN en los estados venezolanos de Zulia, Apure y Amazonas, bajo la protección de unidades de la FANB. Según Semana, en estas zonas se habrían refugiado líderes del Comando Central (COCE) como alias Gabino, Pablo Beltrán y Pablito, consolidando la alianza entre el grupo insurgente y el chavismo.
Los documentos también señalan que las FANB suministran armamento, recursos y apoyo logístico al ELN, fortaleciendo la cooperación directa entre ambas estructuras y consolidando el control territorial en la frontera colombo-venezolana.
Este respaldo habría sido determinante en la dinámica del conflicto en Arauca y la subregión del Catatumbo, Colombia. Durante el conflicto en Norte de Santander, intensificado desde 2018 tras la desmovilización de las FARC, la FANB habría bloqueado el paso fronterizo a las disidencias de las FARC, facilitando las ofensivas del ELN. Esta articulación permitió al grupo insurgente expandir su control en zonas limítrofes, ocupar espacios estratégicos dejados por las FARC y consolidarse como actor dominante en la región.
El objetivo de esta estrategia, según los informes, es fortalecer al denominado Cártel de los Soles, ampliando su dominio sobre rutas de narcotráfico, contrabando de oro, una dinámica ampliamente documentada por el International Crisis Group.
La alianza no responde solo a intereses militares, sino también a una convergencia económica y criminal. Mientras el ELN consolida su poder territorial y acceso a rentas ilícitas, sectores de las FANB y del régimen venezolano amplían su influencia sobre economías ilegales transnacionales.
“El apoyo de Caracas al ELN proporciona al régimen de Maduro herramientas para desestabilizar a sus vecinos, oportunidades para obtener más rentas ilícitas y, lo que es especialmente relevante, la capacidad de amenazar con una ‘guerra de guerrillas’ si el régimen se derrumba”, advirtió Ryan C. Berg, director del Programa de las Américas en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
Estructura criminal y red global
Los informes de inteligencia advierten que las operaciones descritas estarían bajo la supervisión de Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Maduro, informó Semana. Cabello tendría un rol activo en la planificación y supervisión de las acciones conjuntas entre la FANB y el ELN, orientadas a proteger los intereses del régimen y del propio cártel.
Entre las operaciones más destacadas, los informes mencionan incursiones transfronterizas de la FANB con el respaldo de Cabello contra la estructura 33 de las disidencias de las FARC, oficialmente atribuidas al ELN. El objetivo habría sido recuperar cargamentos de droga y disputar el control territorial en sectores estratégicos de la frontera colombo-venezolana. Estas acciones dejaron al menos 80 muertos y miles de desplazados, consolidando el poder del Cártel de los Soles en la región, de acuerdo con Semana.
La coordinación de estas operaciones dejaría en evidencia un nivel de integración sin precedentes entre estructuras del Estado venezolano y redes criminales para fortalecer el Cártel de los Soles y los objetivos estratégicos del régimen de Maduro.
La red criminal se extiende a actores globales. El Atlantic Council ha publicado una extensa investigación en la que se detalla el nexo entre Maduro y Hezbolá, que incluye la facilitación de operaciones de lavado de dinero a través de empresas iraníes registradas en Venezuela. Estos negocios habrían utilizado vuelos de la aerolínea Mahan Air para movilizar fondos y presuntos cargamentos ilícitos entre Venezuela, África y Medio Oriente.
Mientras tanto, el ELN aprovecha los puertos venezolanos de La Guaira y Puerto Cabello como puntos de salida de cocaína hacia África Occidental, especialmente Guinea-Bissau, Cabo Verde y Camerún, desde donde la droga es enviada a Europa. Las alianzas con los cárteles brasileños refuerzan las rutas amazónicas que conectan con los puertos de Santos y Paranaguá, consolidando un complejo tráfico transnacional de estupefacientes.
Los frentes Nororiental y Oriental del ELN reciben apoyo directo no solo del régimen venezolano sino también de Hezbolá y de organizaciones criminales brasileñas, cuya presencia a lo largo de la frontera ha sido constantemente destacada por organizaciones como la venezolana FundaRedes.
Una amenaza hemisférica
Los informes de inteligencia sugieren que la convergencia de una red criminal respaldada por el Estado, organizaciones terroristas y actores ilícitos globales refleja un sofisticado escenario de delincuencia híbrida. Esta actividad es fundamentalmente desestabilizadora y supone un desafío directo para la seguridad y la soberanía de las democracias vecinas y el orden mundial en general.
“El régimen de Maduro funciona como un Estado criminal en toda regla, ofreciendo refugio a diversos grupos, un entorno operativo permisivo y complicidad estatal. Esto representa un desafío enorme para la región y para el orden global”, advirtió Berg.
