El 1.º de diciembre, los Estados Unidos anunciaron que impondrían sanciones a Jhon Fredy Zapata Garzón, un “importante narcotraficante” de Colombia, y a otros tres colaboradores colombianos, por realizar presuntos envíos de toneladas de drogas hacia los EE. UU. para el Clan del Golfo, la principal organización criminal de Colombia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. incluyó en su lista negra a la red de Zapata Garzón y a cuatro empresas bajo su control, en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin). Con su inclusión en la lista, quedan congeladas todas las propiedades y activos de Zapata Garzón que se encuentran bajo jurisdicción estadounidense, y se prohíben todas las transacciones con ciudadanos y entidades de los EE. UU. Según el Departamento del Tesoro, Zapata Garzón utilizó estas compañías para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Mediante un esfuerzo coordinado, las autoridades colombianas detuvieron a miembros de la red, e incautaron bienes en Colombia por un valor superior a los USD 1,1 millones. La OFAC también trabajó en estrecha coordinación con el Comando Sur de los EE. UU. para apoyar sus operaciones antidrogas y así ejecutar la acción.
“Las organizaciones criminales que trafican cocaína y otras drogas son una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense”, manifestó el secretario Steven Mnuchin. “El Tesoro seguirá utilizando sus autoridades para identificar y detener a organizaciones criminales peligrosas.”
Las organizaciones criminales que trafican cocaína y otras drogas son una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense”, secretario Steven Mnuchin.
Según el Gobierno de los EE. UU., Zapata Garzón envió en 2018 alrededor de 4,5 toneladas de cocaína bajo las órdenes del Clan del Golfo (también conocido como Los Urabeños), y brindó apoyo de campaña y financiamiento a candidatos a la alcaldía de varios municipios colombianos.
Luego de la designación del Clan del Golfo en 2013, según la Ley Kingpin, el fiscal general de los EE. UU. identificó en 2018 al grupo como una de las principales amenazas del crimen organizado transnacional. La organización trafica toneladas de cocaína a Panamá y a otros países centroamericanos, desde donde llega a los EE. UU., principalmente a través de México.
Desde junio de 2000, las autoridades sancionaron a más de 2100 entidades y personas en virtud de la Ley Kingpin, según datos oficiales.