En medio de la pandemia que afronta el mundo por el contagio con el COVID-19, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Michelle Bachelet, exigió la liberación incondicional de todos los presos políticos en Venezuela, al documentar más de 130 casos de presuntas violaciones a los derechos de personas privadas de su libertad por discrepar con el régimen de Nicolás Maduro.
“Reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos”, instó Bachelet a la dictadura de Maduro. La primera vez fue en su informe de julio de 2019, después de su recorrido por varias ciudades de Venezuela. Este nuevo emplazamiento tuvo lugar en el 43.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, a fines de febrero.
Los representantes de la ACNUDH visitaron tres cárceles de Venezuela, en donde lograron entrevistar a 28 personas sin la presencia de autoridades militares. “Mi oficina ha podido documentar que hay personas que requieren respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación y otros”, dijo Bachelet. Su equipo analizó, entre otros motivos, la razón de la detención de los presos y las condiciones del confinamiento, y evidenció violación a las directrices del Grupo de Trabajo sobre la Retención Arbitraria de la ONU.
Ese llamado cobró más vigencia a fines de marzo, tras la declaración oficial de Bachelet sobre la situación de derechos humanos en el marco de la pandemia que se extiende en la región, y que tiende a complicarse. “Es fundamental que se evite el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, teniendo en cuenta la explosiva repercusión que eso podría tener en términos de muerte, sufrimiento y ampliación del contagio”, afirmó Bachelet en un comunicado. “Reclamo más cooperación de las autoridades venezolanas y reitero la solicitud de acceso a los centros de detención de los servicios de inteligencia”.
No obstante, organizaciones como Foro Penal, una ONG venezolana dedicada al seguimiento de la población penitenciaria, cuestiona las cifras de ACNUDH; asegura que la dictadura de Maduro tiene “al menos 328 presos políticos en el país, 208 son civiles y 120 militares. Más del 90 por ciento no han tenido la posibilidad de defenderse ante tribunales”, y pidió a Bachelet más contundencia en su reclamo de liberación.
“No puede ser que aquí estén representantes de la ACNUDH y no se insista en esta situación todos los días (…) Entiendo que la diplomacia prevalece en muchas ocasiones, sí, pero aquí no se trata de diplomacia, aquí se trata de seres humanos que se encuentran privados de libertad injustamente y sus familiares [sufren] diariamente”, afirmó en marzo el director de Foro Penal Alfredo Romero a la Voz de América.
En marzo de 2019, el régimen de Nicolás Maduro detuvo a Roberto Marrero, jefe de gabinete de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, en un operativo con hombres encapuchados que portaban armas largas, apoyados por elementos de la policía de Venezuela.
El régimen acusó a Marrero de formar parte de una célula terrorista dispuesta a atentar contra instalaciones eléctricas, el metro o los jueces. Marrero alcanzó a enviar un mensaje a través de su celular en el que narraba cómo unidades del Servicio de Inteligencia Bolivariana ocultaron armas en el jardín de su casa, para comprometerlo.
La dictadura de Maduro sigue sin dar respuesta a la ACNUDH acerca de la liberación de los presos políticos; tampoco permite obtener información sobre la existencia de detenidos contagiados con el COVID-19.