La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, exige la liberación de todos los presos políticos y el fin de las violaciones a los derechos políticos y civiles.
En septiembre, la red venezolana de abogados defensores penalistas Foro Penal reveló que había 400 opositores detenidos en prisiones venezolanas. El 25 de septiembre, Bachelet presentó una actualización de las condiciones en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Si bien el informe muestra un panorama bastante sombrío en lo que respecta a derechos humanos en Venezuela, Bachelet indicó que había algunos aspectos positivos. Celebró el reciente indulto del régimen de Maduro a 110 opositores políticos que permanecían bajo arresto desde hacía meses, además de la liberación de otros 40 detenidos.
Sin embargo, indicó que muchos disidentes y defensores de derechos humanos siguen privados arbitrariamente de su libertad, por ejercer sus derechos cívicos y democráticos. Expresó que ellos también debían ser liberados.
“Mi oficina siguió documentando casos de represión en protestas pacíficas, dentro del contexto del estado de emergencia vigente desde marzo, incluyendo las detenciones de manifestantes que protestaban por salarios y pensiones bajas, deficiencias en los servicios públicos y escasez de gasolina (…). Además, observamos restricciones a la libertad de expresión, incluyendo la aplicación de leyes contra el odio, ataques contra defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas”, expresó Bachelet.
La agencia para refugiados de la ONU informó que unos 4,5 millones de venezolanos escaparon del país desde 2015, por persecución y dificultades económicas. Muchos se vieron obligados a regresar debido a que las restricciones por COVID-19 les imposibilitaba ganarse la vida en sus países de refugio.
Bachelet expresó preocupación por la estigmatización que ejercen algunas autoridades venezolanas sobre los migrantes que regresan al país. Agregó que a muchos se les culpa por traer el COVID-19 a Venezuela, y algunos de ellos se encuentran detenidos.
“Reconozco la implementación de protocolos de bioseguridad de COVID-19 en los centros de detención. Reitero mi pedido de mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con familiares y abogados, ya sea física o telefónicamente”, manifestó Bachelet.
El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra Jorge Valero, arremetió contra lo que denominó un pequeño grupo de países hostiles, por respaldar una resolución en el consejo que ordenaba a la alta comisionada monitorear la situación en su país.
El funcionario rechazó el informe de la alta comisionada, argumentando que distorsionaba la verdad y se basaba en información parcial, utilizada para alimentar la campaña mediática contra Venezuela.