Las inversiones de China en Latinoamérica están acompañadas de violaciones a las normas sociales, culturales y ambientales, revela un informe reciente del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), una red que reúne a 50 organizaciones de la sociedad civil de la región.
El documento presentado en febrero en el marco de una revisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las actividades y obligaciones de China en el extranjero, analiza 14 proyectos dirigidos por 11 empresas o consorcios chinos financiados por seis bancos chinos.
“A pesar de que las empresas chinas tienen tiempo trabajando en Latinoamérica, se siguen viendo miles de vulneraciones a todo tipo de derechos”, dijo el 30 de abril a Diálogo Mariel Guerra, integrante de la ONG Sociedad Potosina de Ecología, con sede en Bolivia.
CICDHA denuncia “el incumplimiento de las obligaciones extraterritoriales de China de las operaciones de empresas y bancos bajo su jurisdicción en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela, en sectores de minería, hidroeléctricas, hidrocarburos, infraestructura y alimentos”.
Todos los proyectos se ubican en ecosistemas frágiles y generan un daño ambiental significativo, refiere el documento. Igualmente identificó patrones graves de violación a los derechos de pueblos indígenas, a la salud, al medio ambiente, al acceso al agua, a la alimentación, a la vivienda y a los derechos laborales.
China ha sido objeto de varios exámenes por parte de órganos de la ONU desde 2016. Estos incluyen el Examen Periódico Universal, proceso del Consejo de Derechos Humanos tras el cual Beijín reconoció los reclamos de los grupos latinoamericanos en 2019, indica en Internet la plataforma de investigación Diálogo Chino.
Latinoamérica alberga aproximadamente al 60 por ciento de las especies terrestres conocidas del mundo. Solo la Amazonía es el hábitat del 10 por ciento de la biodiversidad del planeta; y viven en comunión con la naturaleza, antes en perfecto equilibrio, alrededor de 58 millones de personas pertenecientes a más de 800 comunidades indígenas, detalla el estudio.
“A cualquier lugar donde llegan las empresas chinas crean un foco rojo, y ya sabemos como van a actuar”, comentó Guerra. “No van a cambiar hasta que los propios países pongan restricciones también a nivel mundial y apliquen sanciones duras. Son explotadores”.
Violaciones
En 11 de los proyectos analizados por la coalición se evidencian desalojos forzosos, privación de acceso a la vivienda, destrucción de la tierra y del territorio de comunidades indígenas, lo que afecta negativamente a la salud mental individual y colectiva y debilita el tejido comunitario y la organización sociocultural.
Estos proyectos bloquean además las rutas migratorias de la fauna acuática, cambian las inundaciones estacionales de ecosistemas específicos y descargan desechos y sustancias tóxicas en los ríos. Los proyectos carecen de estudios de impacto ambiental y licencias adecuadas.
Tal es el caso de los proyectos mineros El Mirador y San Carlos Panantza en Ecuador y el de Las Bambas en Perú; el complejo hidroeléctrico en el río Santa Cruz, Argentina; el desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco, en Venezuela; el Tren Maya en México y el proyecto hidroeléctrico Ivirizu en Bolivia.
“Estos abusos alimentan un alto nivel de conflictividad social, resultante de la sostenida ausencia de respuesta y voluntad de diálogo por parte de las empresas o representantes chinos con las comunidades afectadas o las organizaciones de la sociedad civil”, precisa CICDHA.
“En la última década, la gente por miedo o porque no tienen idea de lo que está pasando, no alcanzan a dimensionar los impactos de los proyectos chinos”, abundó Guerra. “Las empresas chinas son bastantes hábiles para generar entes paralelos a las organizaciones de base para conseguir la aprobación a sus proyectos”.
Los capitales chinos cambiaron el estilo de vida de muchas comunidades desde el tema de su interacción con la vida silvestre, con las plantas, su modus vivendi, y provocan la pérdida de culturas, señaló Guerra.
El informe refiere que además fomentan una respuesta represiva a expresiones pacíficas de protesta por las comunidades afectadas a través de fuerzas de seguridad privadas; en particular mediante el uso excesivo y en algunos casos hasta letal de la fuerza, el hostigamiento físico y judicial, y la detención arbitraria.
Redoblar esfuerzos
El Estado chino no se puede desligar de su obligación de proteger los derechos fuera de su territorio. La mayor parte de las empresas chinas son de propiedad estatal, semiestatal o tienen el apoyo financiero de entidades estatales china, reportó Mongabay, una plataforma de periodismo ambiental.
CICDHA pide crear políticas de cooperación internacional que prohíban a las empresas e instituciones financieras chinas participar en proyectos que afecten a ecosistemas frágiles caracterizados por su importante biodiversidad, su función en la estabilidad de sistemas hídricos naturales y en territorios indígenas.
“Esperar que este tipo de empresas dejen de venir a nuestros países es un poco utópico”, remarcó Guerra. “Pero debemos exigirles que garanticen y protejan los derechos humanos y ambientales bajo estándares internacionales”.