Desde su llegada al Gobierno, el presidente Iván Duque estableció como una de sus prioridades el combate frontal al narcotráfico, a todos los eslabones de la cadena criminal que son fuente de financiación de las organizaciones ilegales que llevan violencia y destrucción a los territorios.
Se trata, como lo ha explicado el presidente, de una obligación constitucional y moral, pues acabar con la coca es disminuir los índices de violencia en las comunidades, atraer inversión social y económica que permita la transformación de los territorios.
El reto es grande, pero Colombia cuenta con unas Fuerzas Militares y Policía con las capacidades suficientes para asumirlo. El Gobierno del presidente Iván Duque encontró un país con 171 000 hectáreas de coca, cifra récord en cultivos ilícitos, que se convierten en uno de los principales motores de la violencia. Los datos lo confirman: en los municipios que según Naciones Unidas son enclaves de producción por su alta concentración de cultivos de coca, la tasa de homicidios es, en promedio, casi el doble que la nacional.
Teniendo en cuenta todas estas complejidades, el gobierno nacional expidió en 2019 la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, documento que se constituye en la hoja de ruta de la Fuerza Pública para enfrentar las amenazas, tanto internas, como aquellas que traspasan las fronteras y se convierten en crímenes transnacionales, como lo es el problema mundial de las drogas ilícitas.
De ahí la importancia de la línea de diplomacia para la defensa y seguridad, que a través del fortalecimiento de la cooperación con países amigos y la profundización de las alianzas regionales, ha permitido asestar golpes contundentes a las organizaciones narcotraficantes que financian el crimen en nuestro continente.
Un claro ejemplo de esta cooperación es el trabajo que se viene desarrollando con el Gobierno de los Estados Unidos, a través del Plan de Acción Conjunta de Seguridad Regional (USCAP), particularmente con el Comando Sur y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL en inglés), orientado especialmente a la capacitación y entrenamiento de militares y policías de Centroamérica y la región por parte de expertos militares y policías colombianos.
La cooperación es efectiva y sí da resultados. Un ejemplo de ello es la Campaña Naval Orión, en la cual 26 países compartimos información de inteligencia para lograr una mayor efectividad en las operaciones de interdicción, permitiendo en su quinta fase, desarrollada entre abril y mayo de este año, que se incautaran 50,3 toneladas de clorhidrato de cocaína, es decir, cerca de 126 millones de dosis que dejaron de ser consumidas.
Sea este el momento para resaltar y agradecer de manera especial, al Gobierno estadounidense, el envío de un personal de la brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB) para asesorar, capacitar y entrenar a los Estados Mayores de cuatro unidades militares colombianas, estratégicas en la lucha contra el narcotráfico. El intercambio de experiencias, conocimientos y capacidades, que adelantan las dos naciones desde hace décadas, nos permite ser más efectivos en contrarrestar este flagelo y, de esta forma, proteger a la población civil que quiere vivir en la legalidad, nuestro principal propósito y por el cual seguimos avanzando.
Como indiqué anteriormente, el narcotráfico es la principal amenaza de Colombia y contrarrestarlo no es un reto fácil. Pero el trabajo abnegado de la Fuerza Pública, bajo las políticas del presidente Duque, nos demuestran que vamos por buen camino. En solo 2 años, gracias a un esfuerzo monumental de soldados, policías e infantes de marina, este Gobierno logró frenar y revertir la tendencia creciente de cultivos ilícitos en el país.
El informe SIMCI, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), confirmó que en 2019 hubo una disminución del 9 por ciento en las hectáreas cultivadas con coca en Colombia, es decir, una reducción de 15 000 hectáreas que se logró gracias a la erradicación manual que adelanta la Fuerza Pública y al compromiso del gobierno nacional que, desde el primer momento, incrementó los recursos para la operación de erradicación, lo que permitió aumentar el número de Grupos Móviles de Erradicación de 23 en agosto de 2018 a 196 en marzo de este año. Lo anterior llevó a que en 2019 se erradicaran 101 273 hectáreas de cultivos ilícitos, más de 94 000 de las cuales fueron en la operación de erradicación que lideran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
La meta para este año, 130 000 hectáreas a erradicar, es un reto importante en el que estamos avanzando con la convicción de que la disminución de las áreas sembradas con coca se traducirá en mayor seguridad para las poblaciones.
Pero no es el único frente que combaten nuestros uniformados, que a diario presentan resultados positivos en materia de incautaciones de drogas, de precursores químicos, en capturas o neutralizaciones de integrantes de estas organizaciones criminales que se financian del narcotráfico. Por solo poner un ejemplo, durante los dos años de Gobierno ya son 117 los cabecillas de grupos armados organizados y de delincuencia organizada que han sido capturados o neutralizados. Y más de 851 las toneladas de cocaína que han sido decomisadas, gracias a las capacidades de inteligencia y operacionales que permiten la interdicción de la droga en vías, puertos, ríos y costas de nuestro país.
Este año los resultados en interdicción nos presentan un panorama favorable, con un aumento del 5 por ciento en la droga decomisada. Son 300 toneladas de cocaína las que ha incautado la Fuerza Pública entre el 1.º de enero y el 27 de agosto de 2020, por lo que esperamos que al finalizar el año el decomiso sea mayor que en el 2019.
Atacar la amenaza del narcotráfico, así como implementar las Políticas de Defensa y Seguridad y de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que abordan la seguridad y la defensa desde un enfoque integral que requiere de la acción unificada del Estado, ha permitido una disminución importante en las cifras de criminalidad. Entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre de 2020, se destaca la reducción del homicidio en un 11 por ciento, pasando de 8645 casos en 2019 a 7724 casos en 2020, es decir 921 casos menos entre un año y otro. Igualmente ocurre con las estadísticas de secuestros, extorsiones y hurtos en todas sus modalidades, que a nivel nacional presentan disminuciones importantes en beneficio de los ciudadanos.
Todo este trabajo lo hacen nuestros militares y policías atendiendo, además, una coyuntura especial que nos llevó a redoblar esfuerzos: la crisis por el COVID-19. Su labor ha permitido garantizar el cumplimiento de las medidas para evitar la propagación de la pandemia y, al tiempo, ayudar a miles de colombianos vulnerables. Por eso, desde este espacio les agradezco y manifiesto mi orgullo por esta labor que la historia les reconocerá.