El Gobierno de Nicolás Maduro levantó la prohibición sobre la minería fluvial y autorizó la explotación de oro y diamantes en seis ríos del sur del país. El decreto del 8 de abril declaró a los ríos Aro, Caroní, Caura, Cuchivero, Cuyuní e Yuruari (zonas fluviales vitales de la Amazonía) aptos para la explotación minera, incorporándolos al proyecto del Arco Minero del Orinoco –un área que representa el 12 por ciento del territorio venezolano y que abarca los estados de Bolívar y Amazonas.
A mediados de abril, la Asamblea Nacional de Venezuela liderada por Juan Guaidó condenó y rechazó el decreto que según los parlamentarios podría empeorar las condiciones ambientales e incrementar la persecución de las comunidades indígenas, además de ser una violación constitucional.
La minería fluvial ya se estaba llevando a cabo en Venezuela de manera ilegal, así que los críticos afirmaron que el decreto solo fue creado para que Maduro pueda seguir saqueando las riquezas del país y financiar el narcotráfico.
“Maduro solo esta formalizando las actividades ilegales de explotación de minerales en los ríos venezolanos”, dijo a Diálogo Liborio Guarulla, exgobernador del estado Amazonas, fronterizo con Colombia. “Desde hace cuatro años hemos estado denunciando las mismas actividades […]. En el estado Amazonas las actividades ilegales mineras las practican los guerrilleros colombianos y grupos de irregulares venezolanos que operan de alguna manera con la protección del Gobierno venezolano”.
Durante la sesión parlamentaria del 21 de abril, el diputado Américo De Grazia calificó el decreto de “adefesio jurídico” y apuntó como culpables a grupos narcoterroristas.
“Las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia], ELN [Ejército de Liberación Nacional] y el Hizbulá han tomado por asalto todos los sectores mineros que existen al sur del Orinoco, en la Amazonia venezolana y en el Delta del Orinoco, ocasionando ecocidio y el desplazamiento de un gran número de etnias indígenas”, dijo De Grazia.
Para Guarulla, Maduro y sus aliados más cercanos, que han sido acusados formalmente por los EE. UU. de narcotráfico, se beneficiarían aun más de la minería fluvial con el decreto, ya que podrían controlar los ríos que según él ya se utilizan para transitar drogas desde Colombia hacia el Atlántico.
“El negocio se hace por el Guaviare [afluente del río Orinoco en Colombia] pero sobre todo en el río Orinoco que les permite [a los narcotraficantes] llegar a territorio venezolano y pasar a Brasil o al océano Atlántico con sus cargamentos de drogas”, puntualizó Guarulla.
Además de los políticos, varios grupos ambientales y de derechos humanos se han opuesto al decreto de Maduro por su impacto altamente perjudicial para el medio ambiente y por lo que sufren los indígenas del Arco Minero a consecuencia de la minería. Muchos son obligados a trabajar bajo la amenaza de la violencia, sometidos a atrocidades y hasta asesinados, indica el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de estudios estadounidense, en su informe de abril 2020 Minería ilegal en Venezuela: Muerte y devastación en las regiones del Amazonas y el Orinoco.
El 8 de mayo, el Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela informó que 13 indígenas miembros de la comunidad Yekuana fueron asesinados por grupos criminales que desempeñan operaciones mineras en el río Caura, que fue declarado apto a la explotación. Según PROVEA, ONG venezolana de derechos humanos, al menos 16 etnias indígenas, que sumarían más de 50 000 personas, habitan en el curso de los ríos abiertos a la minería del estado Bolívar.
La ilegalidad del decreto también ha sido señalada. El Observatorio de Ecología Política de Venezuela informó en su página web que la extracción minera en los ríos viola los artículos 53 y 54 de la Ley de Aguas de la Constitución venezolana.
“Los ríos del estado Bolívar son parte de las reservas de agua dulce más grande del planeta y el 90 por ciento del suministro de agua a toda Venezuela”, dijo a Diálogo el diputado Rachid Yasbek. “Por esa razón, antes de que llegara el chavismo al poder, ese tipo de actividades mineras en los ríos venezolanos estaban prohibidos por mandos constitucionales. Sin embargo, Maduro utiliza la explotación de ese oro para mantener su dictadura después de haber destruido todo el aparato productivo del país”.