En la última década, al menos 1733 personas fueron asesinadas tratando de proteger sus tierras y el medio ambiente en el planeta. Más de la mitad de los ataques se produjeron en países de Latinoamérica, indica el informe Una década de resistencia, de Global Witness, una ONG londinense que desde 2012 documenta este tipo de agresiones.
“El panorama es devastador”, dijo a Diálogo el 11 de octubre Carolina Oviedo, investigadora del Centro de Alternativas al Desarrollo, una ONG colombiana que busca alternativas a los conflictos socioambientales. “Este informe permite retomar las discusiones sobre la violencia a los líderes socioambientales que radica en un sistema de desarrollo profundamente extractivo”.
El reporte, publicado el 29 de septiembre, señala que 200 ambientalistas fueron asesinados en el mundo durante 2021, lo que representa un promedio de casi cuatro personas por semana. Además, documentó que el 40 por ciento de todos los ataques fatales fueron dirigidos a pueblos indígenas, a pesar de que solo representan el 5 por ciento de la población mundial.
México y Colombia
México tuvo 54 casos de defensores asesinados, seguido por Colombia con 33 muertes y Brasil con 26 casos. En Nicaragua, grupos criminales masacraron a 15 personas indígenas, defensores del derecho de la tierra, por la violencia sistemática y generalizada contra los pueblos indígenas Miskitu y Mayangna.
México se ha convertido en uno de los lugares más peligroso para los activistas. La violencia es generalizada en zonas donde los cárteles de la droga y otros grupos criminales se enfrentan por el control del territorio. En el norte del país grupos criminales explotan la madera, las minas y los recursos pesqueros, muestra en Internet The New York Times.
En Colombia, el 7 de agosto de 2022 asesinaron al líder ambientalista y animalista Javier Usechi, al norte del Valle del Cauca, una de las regiones más violentas del país. Con este caso ya serían 111 los líderes asesinados durante 2022, reporta el portal colombiano El Espectador.
También en el Valle del Cauca Sandra Liliana Peña, gobernadora del territorio indígena La Laguna, se había opuesto abiertamente al crecimiento de cultivos ilegales y había sido objeto de amenazas. En abril de 2021, cuatro hombres armados la obligaron a salir de su casa y la mataron a tiros, detalla el informe.
“Nuestros datos sobre asesinatos representan la punta del iceberg”, esto se debe a que los conflictos, las restricciones a la libertad de prensa, la sociedad civil, y la falta de un seguimiento independiente de los ataques a los defensores, da lugar a que no denuncien, precisa Global Witness.
Más allá de los asesinatos muchos activistas y comunidades están siendo silenciadas mediante amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o criminalización. Estos tipos de ataques son aún menos denunciados que los asesinatos, abunda el informe.
Aunque “en Colombia tuvimos una reducción de los casos de muerte de líderes ambientales, continúan altas [las muertes de líderes] en comparación con los demás países de la región”, expresó Oviedo. “Las muertes de ambientalistas y la defensa del territorio van a continuar”.
Causas
Según Global Witness, la gran parte de las agresiones y amenazas a los activistas tienen que ver con los conflictos por la tierra, la explotación de recursos, la minería, la tala y la construcción de infraestructuras. El crimen organizado también es una de las principales amenazas contra los defensores.
Los asesinatos de las personas defensoras representan no solo la pérdida de vidas, sino también de culturas, idiomas y conocimientos tradicionales. Las especies están desapareciendo a una velocidad acelerada. Además, “nos encontramos en medio de una emergencia climática”, destaca el reporte.
Llamado internacional
Global Witness hace un llamado a los gobiernos para crear un entorno seguro para que las personas defensoras y el espacio cívico puedan desarrollarse, así como promover la responsabilidad legal de las empresas e instituciones financieras en materia de derechos humanos.
Las empresas deben garantizar la trazabilidad de los productos que están recibiendo (como carne, oro, madera, pesca…), para que “no vengan manchados de sangre”, expresó Oviedo. Así como crear “una alianza público-privada para garantizar que los procesos de trazabilidad sean más efectivos”.