Venezuela ha dejado de ser meramente un país de tránsito de drogas y los venezolanos están involucrados en las primeras fases de la producción de cocaína, afirmaron expertos venezolanos y organizaciones no gubernamentales (ONG).
En su informe de 2019, publicado el 27 de febrero de 2020, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano de las Naciones Unidas (ONU), indicó que en 2018 se detectaron y se desmantelaron 33 laboratorios para el procesamiento de cocaína en el territorio venezolano limítrofe con Colombia. Según la JIFE, en el 2016, solo fueron detectadas seis instalaciones similares.
“Además del clorhidrato de cocaína, los traficantes también introducen [pasta] base de coca desde Colombia para procesarla fuera del país, como lo corroboran las incautaciones de la sustancia al entrar en aguas internacionales, así como las incautaciones de la sustancia efectuadas en otros países de la región”, indicó la JIFE en su informe anual.
Javier Tarazona, director de la ONG venezolana Fundaredes, dedicada a la promoción de los derechos humanos y a la democracia, explica que este salto en las cifras de laboratorios detectados en Venezuela es el resultado de una “evolución”.
“No se trata de esfuerzos rudimentarios o improvisados. Son grupos que tienen la intención de competir en el mercado internacional y por eso sientan bases en Venezuela”, dijo Tarazona.
Según Tarazona, está en marcha un “desplazamiento de los encargados de los cultivos ilícitos en Colombia” hacia territorio venezolano, en especial a las montañas de los municipios del estado de Zulia, Jesús María Semprún, Catatumbo, Guajira, Lossada y Machiques de Perijá. Estas son las localidades donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha reportado la mayor cantidad de hallazgo de laboratorios.
Mildred Camero, ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas de Venezuela (actual Comisión Nacional Antidrogas), indicó que los cambios no solo tienen que ver con el uso del territorio nacional para la fabricación de drogas, sino también con la participación de venezolanos en las distintas fases de este proceso, desde el cultivo de la coca hasta la distribución y comercialización.
“Hay sectores de la juventud venezolana involucrados en el cultivo de coca”, dijo Camero. “Son muchachos a los que les pagan hasta USD 10 por saco de hoja cultivada”.
Muchos de ellos cruzan la frontera para ejercer labores en los cultivos y cosechar las hojas de coca. Pero según Camero, esta dinámica “generará en Venezuela una población dedicada al cultivo en el propio país”.
“Son desertores de la escolaridad que a la larga pueden crear un problema generacional con consecuencias para la estabilidad democrática del país”, alertó.
Además de señalar a Venezuela como país que contribuye a la producción de cocaína, en su informe la JIFE reconoce por primera vez la existencia del Cártel de los Soles, mafia del narcotráfico liderado por el alto mando militar de Venezuela y miembros del régimen de Nicolás Maduro. Para Tarazona, la presencia de guerrillas colombianas en territorio venezolano, especialmente las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), y sus vínculos con el Cártel de los Soles explica la evolución del país de puente del narcotráfico a productor. La presencia de las guerrillas colombianas y el apoyo del régimen, dice Tarazona, son alarmantes.
“Lo peor es que los líderes de las FARC como Iván Márquez y Jesús Santrich, entre otros, operan desde el palacio de Miraflores, la cúpula del poder en Caracas, que los protege y financia, y los trata como ministros con escoltas”, dijo Tarazona al diario Español ABC Internacional.