Una patrulla del Ejército de Guatemala llegó a El Estor, departamento de Izabal, en la primera semana de septiembre, en persecución de una avioneta que transportaba droga. Al llegar a la ubicación del aterrizaje proporcionada por los radares de defensa, los elementos fueron interceptados por narcotraficantes y llevados a una escuela donde tres militares fueron asesinados y tres más resultaron heridos.
“Estos asesinatos evidenciaron el riesgo de la libertad, justicia, seguridad y desarrollo; es poner en peligro el orden institucional, gobernabilidad y seguridad del Estado”, dijo el presidente guatemalteco Jimmy Morales, al decretar el estado de sitio para restaurar el orden en 22 municipios de los departamentos de Izabal, Petén, Zacapa, El Progreso, Baja Verapaz y Alta Verapaz.
El jefe del Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala Luis Miguel Ralda Moreno informó a la prensa que la medida duraría 30 días. De acuerdo con la Ley de Orden Público de Guatemala, en caso de que la estabilidad de las instituciones sociales y estatales esté en peligro, el presidente del país puede decretar el estado de sitio y asumir la autoridad militar a través del Ministerio de Defensa, con facultades para restringir las libertades de acción, locomoción, manifestación y portación de armas. Además puede detener a uno o más habitantes sin necesidad de mandamiento judicial.
De ruta de tránsito a productor
Después de un mes de implementada la medida, además de la restauración de la ley y la aprehensión de delincuentes del orden común, las operaciones reflejaron que Guatemala dejó de ser lugar de trasiego, para convertirse en productor de drogas.
Durante las intervenciones, las autoridades requisaron narcolaboratorios con casi una tonelada de cocaína lista para su venta, con valor de USD 14 millones; además destruyeron 23 áreas de cultivo con aproximadamente 1,5 millones de plantas de coca y deshabilitaron 16 pistas clandestinas de aterrizaje, informó a la prensa el Ministerio.
“Una de las causas de este cambio de modalidad [de tránsito a productor], es que reduce costos y riesgos en el traslado de sustancias ilícitas desde Sudamérica hacia Guatemala, y de acá a México [y] los Estados Unidos”, aseguró Ralda. Esto motivó al crimen organizado a utilizar poblaciones con poca presencia del Gobierno para instalar un modelo de cultivo ilícito e infraestructura para la producción de cocaína en el territorio, informó el ministro.
Prolongan estado de sitio
Debido a los resultados obtenidos en septiembre, el 10 de octubre el Gobierno de Guatemala, a través del Congreso de la República, ratificó el estado de sitio por 30 días más en los 22 municipios intervenidos.
Ralda enfatizó que con este nuevo plazo podrán detectar más narcolaboratorios y plantaciones de droga, y generar confianza entre los pobladores para impulsar la cultura de denuncia. “Estas medidas permiten a las fuerzas de seguridad un espacio de maniobra para actuar en el marco de la ley, pero sobre todo instaurar el respeto a los derechos humanos”, finalizó.