Las redes de tráfico internacional de venezolanos se han expandido por lo menos a 19 países, aprovechando la crisis humanitaria que embarga a ese país bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Esta es una de las principales revelaciones del último informe sobre tráfico de personas, emitido por el Departamento de Estado de los EE. UU. El documento, dado a conocer en la primera semana de julio de 2021, indica que durante 2020 fueron detectados casos de tráfico y explotación de emigrantes venezolanos en Aruba, Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, España, Guyana, Haití, Islandia, Macao, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam y Trinidad y Tobago.
Un ejemplo es la historia de Katherin, quien de acuerdo con el informe pagó USD 1500 para salir de Venezuela hacia Guyana. Allí le habían ofrecido trabajo como empleada bilingüe en un local de la capital Georgetown. Al llegar, se percató de que la realidad era otra: se vio forzada a permanecer en la misma vivienda que su jefe, y no en el apartamento de alquiler gratuito que le habían prometido. Luego de tres meses solo había ahorrado USD 23.
Según Sara Fernández, investigadora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), organización no gubernamental venezolana de derechos humanos, la crisis humanitaria en la que se sumerge Venezuela desde 2016 hace que los potenciales emigrantes sean “presas fáciles” de las redes organizadas de tráfico y explotación humanas.
“Les dicen que si se van pueden reconstruir sus vidas (…). La falta de documentos de identidad hace que cuando llegan al país de destino no puedan moverse y se les dificulte la denuncia”, afirmó la representante de la ONG.
Generalmente, los casos detectados en Venezuela no son reportados por las autoridades de manera oficial sino de manera informal, a través de las redes sociales. No obstante, el 30 de julio, Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, reveló que desde 2017 hasta 2021 han registrado un total de 696 víctimas de tráfico de venezolanos.
Según la portavoz de Cepaz, debido al progresivo aislamiento internacional, Venezuela no participa de manera activa en los mecanismos de coordinación para la lucha contra las redes que facilitan el traslado y la explotación de venezolanos en el exterior.
Estos grupos actúan con relativa impunidad. Según Carolyn Gomes, directora ejecutiva de la Coalición de Comunidades Vulnerables del Caribe, desde 2017 estas organizaciones han llevado de forma clandestina hasta Trinidad y Tobago a 21 000 venezolanos.
Durante una intervención en junio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la experta advirtió que las redes internacionales de tráfico humano desde Venezuela hacia el archipiélago caribeño “se han exacerbado”.
“Estos casos a menudo están ligados a explotación sexual: a las personas las obligan a tener sexo, pues si no las deportan (…)”, indicó.
La situación no parece tener una solución inmediata. De acuerdo con Luis Cedeño, director del Observatorio Venezolano de Delito Organizado, en la medida en que se profundiza la crisis en Venezuela la diáspora se acentuará, y continuará impulsando a las personas a salir del país en condiciones de alta vulnerabilidad. El informe del Departamento de Estado de los EE. UU. indica que hasta el momento han salido de Venezuela 5,6 millones de personas.
“Esto está ligado directamente a la crisis humanitaria compleja”, djo Cedeño.