La Fundación del Río, una ONG nicaragüense que protege el medio ambiente, confirmó en su reporte Nicaragua y su Oro Perverso, un incremento desmesurado de las concesiones mineras enel régimen de Daniel Ortega-Rosario Murillo. Esta fiebre del oro, sostienen los investigadores, socava los territorios indígenas y afrodescendientes, así como la Reserva Biológica Indio Maíz al sureste, y la Reserva de la Biósfera Bosawás al noreste del país.
“Desde 2018, con el avance de la minería [vimos] el aumento de la conflictividad contra las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa Caribe norte del país, y denunciamos el aumento de asesinatos y desplazamiento de las comunidades”, dijo a Diálogo el 29 de julio de 2022 Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río. “Nos preguntamos qué está detrás de esos aumentos, y encontramos que uno de los factores principales es la minería tanto artesanal como industrial”.
De acuerdo con el reporte, cuatro grupos indígenas son impactados por las concesiones de permisos de explotación,que abarcan 21 territorios: siete Miskitu, seis Mayangna, cinco Chorotegas, dos multiétnicos (Mayangna y Miskitu) y uno Matagalpa.
En septiembre de 2021, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional por los Derechos Humanos y de la Organización Mundial Contra la Tortura, denunció una masacre contra un grupo de defensores indígenas Mayangna y Mískitu, en el cerro Kiwakumbaih de la Biósfera Bosawás.
Basados en información de entrevistas y estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Nicaragua, la Fundación del Río encontró que el número de hectáreas cedidas a la explotación minera pasó de 139852 hectáreas entre 1990 y 2007, a 728 628 hectáreas de 2007 a 2022, un aumento de más del 415 por ciento en 16 años del régimen Ortega-Murillo.
Al revisar la cantidad de permisos queotorgó el MEM hasta diciembre de 2021, se registran 229 concesiones para minería metálica que cubren cerca de 2,8 millones de hectáreas, y representan el 23 por cientode la superficie territorial del país. Además, fueron autorizadas 114 licencias durante el régimen Ortega-Murillo.
“Según el análisis del mapa de concesiones dentro de la Reserva de la Biósfera Bosawás diseñado por el MEM, fueron solicitadas 79 concesiones. De esas, 60 fueron otorgadas y las 19 pendientes están en áreas de reservasmineras administradas a discreción por el MEM y la empresa estatal ENIMINAS”, añadió Ruiz. “El área total de los 60 lotes mineros [autorizados] representa 1,3 millones de hectáreas; es decir que el 66 por ciento de toda la Reserva Bosawás esta concesionada a la minería”.
En Bosawás, la mayoría de los residentes pertenecen a las comunidades indígenas Mayangna y Miskito. Aunque el inicio de la actividad minera en la zona data de hace más de 25 años, desde el 2007 es cuandoregistran aumento de las concesiones y extracción ilegal artesanal, reporta la Fundación.
A esto se suma la situación en la Reserva de Biósfera de Río San Juan, y dentro de ella la Reserva Biológica Indio Maíz, donde la Fundación del Río documenta más de 100 molinos de extracción minera.
Kenia Gutiérrez, exprisionera política y miembro en el exilio del Consejo del Movimiento Campesino, expresó al Diario Las Américas de Florida, que el régimen Ortega-Murillo no tiene interés en proteger las reservas. Como prueba, recuerda el incendio que consumió más de 3000 hectáreas de bosque en abril de 2018.
“Lo que sucedió en la Reserva Indio Maíz fue producto de la negligencia. El incendio causó mucha destrucción porque Ortega no aceptó la ayuda internacional para mitigar el fuego en la reserva forestal”, recordó Gutiérrez. “Si sofocaba el incendio perderíasu objetivo principal, que es adueñarse de la reserva y poder extraer oro”.
Debido a la “utilización de los ingresos del oro para continuar oprimiendo al pueblo de Nicaragua”, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a ENIMINAS y el presidente de su junta directiva Ruy Delgado López el 17 de junio de 2022. Con ello se congelaron todas laspropiedades y los intereses en propiedades en los Estados Unidos o en el control de las personas en los EE. UU.
Frente a esta situación de acelerado deterioro medioambiental, producto de la fiebre del oro de los Ortega-Murillo, la Fundación del Río pide a los pueblos afrodescendientes, campesinos, e indígenas,resistir a las agresiones que les impone el régimen; y solicita el apoyo de la comunidad internacional, las organizaciones ambientales, y la sociedad nicaragüense,para acompañar y apoyar la denuncia a la minería indiscriminada.