Los organismos de inteligencia de Venezuela actúan para la ejecución de un plan orquestado por el régimen de Nicolás Maduro para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad, advierte un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicado a mediados de septiembre. La represión se realiza “incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad”, precisa el documento de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV).
Según Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación de la ONU, las investigaciones muestran que el régimen venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir a la disidencia en el país. “Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, dijo Valiñas en un comunicado.
Silenciar la disidencia
Por su parte, la ONG Amnistía Internacional destacó en su informe Represión Calculada: Estigmatización y detención arbitraria por motivos políticos en Venezuela el uso sistemático y generalizado de la fuerza y la tortura en el país sudamericano que constituyen crímenes de lesa humanidad.
“Durante años, Amnistía Internacional ha documentado y denunciado la política de represión”, afirmó la ONG, agregando que durante años el régimen de Maduro ha “consolidado una narrativa en la que la crítica a las políticas públicas o cualquier acción que se perciba como contraria es rechazada, censurada y atacada”.
“Iranización del régimen”
“Todos los informes, tanto de la ONU como de otras agencias, confirman la terrible represión en Venezuela”, dijo a Diálogo Luis Fleischman, profesor de sociología de la Universidad Estatal de Palm Beach, en Florida. “Es la ‘cubanización’ e ‘iranización’ del régimen, donde a la oposición se le ha asesinado y torturado y a la población se le mantiene vigilada al máximo”, afirmó Fleischman.
En un informe anterior, la MIIV había abordado la situación en el estado de Bolívar, donde miembros del régimen y actores no estatales han cometido una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales en zonas de extracción de oro. La Misión basó las conclusiones de ambos informes en 245 entrevistas confidenciales con las víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.
“Las entrevistas fueron realizadas tanto en persona como a distancia, mediante conexiones telefónicas o de vídeo seguras”, explicó la MIIV. Los expertos también analizaron expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes. “La Misión visitó áreas cercanas a las fronteras con el país, debido a que desde su establecimiento en 2019 continúa sin poder acceder al territorio venezolano”, dijo la MIIV.
SEBIN y DGCIM
El reciente informe de la ONU ahonda en los hallazgos que la Misión expuso en 2020 –las actividades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)–, centrándose esta vez en las funciones de las personas de los distintos niveles de la cadena de mando de ambos organismos.
“En el caso del SEBIN, el informe señala como responsables al actual director general, Gustavo Enrique González; al director del Helicoide [principal centro de detención] entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón; y a su número dos en ese periodo, Ronny González”, informó el sitio de noticias alemán Deutsche Welle (DW).
“En la DGCIM, se menciona al director general Iván Rafael Hernández y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko”, dijo el DW.
Ayuda de los Estados Unidos
El 22 de septiembre, los Estados Unidos, a través de la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), anunciaron la inversión de casi USD 376 millones en asistencia humanitaria adicional, para las personas afectadas por la crisis regional de Venezuela. “El costo humanitario de esta crisis política y económica en Venezuela sigue siendo grave”, resaltó la USAID en un comunicado.
“Más de 7,7 millones de personas en Venezuela necesitan asistencia humanitaria inmediata y más de 6,8 millones de venezolanos han huido de su país de origen en busca de mejores oportunidades y medios de vida, lo que ha dado lugar a una de las mayores crisis de migrantes y refugiados del mundo”, completó la USAID.