Nicaragua se convirtió en el gran exportador de oro en Centroamérica, pese a que sus ventas en el extranjero no coinciden con la cantidad extraída de su minas. Esta diferencia apunta, según algunos expertos, a que el régimen de Daniel Ortega-Rosario Murillo está triangulando la venta del mineral desde otros países.
“Aquí hay mucha preocupación sobre cómo está utilizando o cómo se está enriqueciendo el régimen de Ortega-Murillo por la comercialización del oro”, dijo a Diálogo el 18 de noviembre Amaru Ruiz, biólogo y presidente de la Fundación del Río, una organización ambientalista nicaragüense con sede en Costa Rica. “Está permitiendo y avalando la minería ilegal, para que [el oro] llegue a mercados formales a través de empresas industriales y de exportación que son las que, al final, sirven como embudo para la comercialización del metal en el país”.
Precisamente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó en 2022 a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), así como a su director Ruy Delgado López, por haber manipulado las elecciones presidenciales de 2021, proporcionando fondos al régimen para el encarcelamiento arbitrario de la oposición, bloquear a partidos políticos, cerrar medios de comunicación independientes y acosar a la sociedad civil.
“Hay indicios fuertes de que Nicaragua también exporta oro extraído en Venezuela. Nicaragua exporta bastante más oro del que produce y no cuadran las cuentas”, explicó el 8 de noviembre el abogado brasileño Daniel Cerqueira, director del Programa de Derechos Humanos y Recursos Naturales de la Fundación para el Debido Proceso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. “Eso significa que, o hay un subregistro de lo que está produciendo (…), o hay un tráfico entre gobiernos parias para mantener sus finanzas al día; no en beneficio de la población, sino para financiar la maquinaria represiva de esos gobiernos”.
En agosto de 2022 y como respuesta a las sanciones impuestas por los EE. UU., el régimen de Ortega-Murillo reformó la Ley Especial de Exploración y Explotación de Minas, para ejercer un dominio absoluto de toda la actividad minera, incluida la minería ilegal.
“El problema con el oro es que, al ser de muy fácil comercialización y demasiado homogéneo, es muy difícil construir una traza que lleve eventualmente hacia el origen real de ese metal tan preciado. Pero sí existe bastante evidencia de que esta siendo triangulado”, explicó a Diálogo Juan Sebastián Chamorro, economista nicaragüense, excandidato presidencial y expreso político. “Desde hace años se sospecha la triangulación de oro venezolano a través de Nicaragua y que este oro luego, ya ‘lavado’, pueda de alguna manera ser exportado a otros mercados internacionales”.
Desde el 2007, cuando Daniel Ortega regresó a su dictadura, Nicaragua registra un incremento sostenido de las exportaciones de oro. La revista de investigación centroamericana Expediente Público reveló, el 8 de noviembre, datos del Banco Central de Reserva de Nicaragua, donde registra que el régimen pasó de exportar USD 61,4 millones en 2007 a USD 867,6 millones en 2022.
“Eso podría tener una explicación en dos sentidos: uno, está entrando oro de otros lados y a partir de ahí se está comercializando y dos, está ingresando oro que no está reportado y que no proviene de la minería industrial, sino de la minería ilegal”, explicó Ruiz. “Tal vez son ambas cosas”.
De acuerdo con una investigación publicada el 15 de octubre por el periódico colombiano El Tiempo, Nicaragua exportó más de 4,9 toneladas del metal precioso en 2022 que no fueron reportadas en las estadísticas oficiales como extraídas de las minas nicaragüenses. Eso representaría más de USD 288 millones en ganancias.
“El oro no solo es un mineral utilizado en la industria en general; es también un valor financiero en sí mismo”, subrayó Cerqueira. “Es la actividad preferida de los gobiernos parias, asfixiados monetariamente por sus torpezas macroeconómicas y también por sanciones de países con vocación democrática”.
La Fundación del Río estima que el 30 por ciento del oro que Nicaragua exporta proviene de procesos ilegales, acarreado por canales de procesamiento y exportación que son propiedad de empresas extranjeras radicadas en el país. A este negocio se suma la comercialización ilícita de 36 toneladas anuales de mercurio. La actividad conlleva “blanqueo de capital, trata de personas y comercialización de drogas dentro de las zona de explotación ilegal de minería”.
La Fundación reporta que 41 por ciento del territorio del pueblo indígena Mayangna, en la reserva de la biósfera Bosawás, “está concesionado para la minería, lo que ha incrementado la conflictividad y asesinatos en la zona. Esto genera afectaciones en un total de 21 territorios indígenas”, remarca.