El régimen del venezolano Nicolás Maduro salió reprobado en el último informe de evaluación mutua, emitido por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), que calificó de “deficientes” las acciones que realiza el país en materia de lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo. El Gafic es una institución multilateral que aglutina a 24 países de la región, cuyo propósito es supervisar el cumplimiento de medidas para la prevención al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
“[En Venezuela] no hay compromiso en la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo”, aclaró el 8 de octubre a Diálogo Alí Daniels, director de la organización no gubernamental (ONG) venezolana Acceso a la Justicia. “El informe del Gafic indica en forma expresa que en el país operan grupos calificados de terroristas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocidas como Nueva Marquetalia y Ejército Popular”.
En la calificación de efectividad en el cumplimiento de las recomendaciones, Venezuela obtuvo los puntajes más bajos en diez de once categorías y en la restante solo logró un resultado “moderado”. En el resumen ejecutivo, se indica por ejemplo que Venezuela carece de una política en torno al decomiso de los bienes y capitales producto de los delitos del crimen organizado.
A pesar de los esfuerzos, el Gafic no logró que Venezuela aportara algún dato sobre las investigaciones y sanciones en casos específicos de financiamiento al terrorismo. Tampoco se constató que el régimen de Maduro haya entregado información de planes de cooperación internacional.
“El equipo evaluador no obtuvo información sobre la cooperación interinstitucional e internacional, la actividad de los servicios especializados antiterroristas y su análisis de la situación actual relativa al terrorismo y su financiamiento en el país, la formación y la capacitación de los funcionarios de los órganos y entes competentes encargados en identificación e investigación”, indica el documento.
“El régimen [de Maduro] no reconoce que eso sea un problema. Lo primero que tienen que hacer es reconocer que sí existe presencia de grupos terroristas en Venezuela y que tomarán medidas para evitar que esto se convierta en algo más grave”, afirmó Daniels. “Yo no creo que eso vaya a cambiar, porque pondrían en evidencia al país”.
El régimen de Maduro tradicionalmente ha sido afín a los grupos de la guerrilla colombiana. De allí que ejerciera el rol de acompañante de las FARC en las negociaciones para el acuerdo de paz en la Habana, en 2016.
Posteriormente en julio de 2023, asumió la misma función en las conversaciones entre el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN. Según Rocío San Miguel, directora de la ONG venezolana Control Ciudadano, esta cercanía ocasiona que los militares venezolanos se hagan “de la vista gorda” frente a las actuaciones del ELN en territorio venezolano. “La tolerancia a estos grupos irregulares es una política de Estado. Lamentablemente yo no creo que cambien”, agregó Daniels.
Bloqueo de ONG
De acuerdo con el Gafic, la ausencia de persecución de la dictadura venezolana a los grupos del terrorismo internacional, contrasta con la actitud mostrada hacia las ONG sin fines de lucro, que hacen esfuerzos por mitigar los efectos de la emergencia humanitaria en la población del país.
Sin embargo, el régimen venezolano indicó al grupo evaluador que estas instituciones generalmente son calificadas de “alto riesgo” en cuanto al financiamiento al terrorismo. “Dicha conclusión no se encuentra basada en un estudio a profundidad del sector”, concluye el reporte.
Según Carlos Tablante, expresidente de la venezolana Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (actual Superintendencia Nacional Antidrogas), las normas sobre delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo son utilizadas por el régimen para “criminalizar a la disidencia”.
“En vez de hacer un perfil por ejemplo de los bingos y los casinos y de someterlos al cumplimiento por su actividad económica (…), persiguen a las ONG o a las organizaciones sin fines de lucro”, afirmó a Diálogo.
En esta apreciación coincidió Claudia Guadamuz, representante del Centro Internacional para el Derecho sin Fines de Lucro. El 23 de agosto afirmó a la prensa que las medidas del régimen venezolano contra las ONG son “excesivas e injustificadas”, pues no se basan en una evaluación de riesgos del sector en cuanto al financiamiento al terrorismo.
Tablante observó que existe una similitud en el tratamiento a estas organizaciones por parte de regímenes autoritarios en Latinoamérica.
“Ellos agarran esa normativa contra el lavado de dinero y en vez de perseguir a los delincuentes, a los Capos del narcotráfico internacional, persiguen a la sociedad civil y a las organizaciones comunitarias que se forman como ONG para realizar alguna actividad de promoción de la cultura, de protección del ambiente o de los derechos civiles”, remachó.