Aprovechando su ubicación geoestratégica, que incluye numerosos puntos de tránsito y acceso costero, junto con el reto que supone la vigilancia y el control de los precursores químicos, el Caribe se ha incorporado rápidamente al mercado internacional de drogas sintéticas. Según informes recientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), sustancias peligrosas como el fentanilo y la cocaína rosa, una mezcla compuesta principalmente por éxtasis y ketamina, se están extendiendo rápidamente en la región, no solo en términos de consumo, sino también de producción y tráfico.
“El Caribe es un puente directo entre los mayores productores de cocaína y de drogas sintéticas con los principales puertos de acceso a Europa, principalmente los puertos de España, Bélgica, Países Bajos y Alemania, donde mafias locales se encargan de la distribución al resto del continente”, explica a Diálogo Alejo Campos, director regional para Caribe, Bermuda y Latinoamérica de la organización no gubernamental Crime Stoppers.
Se trata de las mismas rutas de la trata de personas, el tráfico de armas y el comercio ilícito que usan diferentes esquemas de blanqueo de capitales. “Se utilizan principalmente activos y monedas digitales para realizar transacciones difíciles de detectar y perseguir, especialmente por países del Caribe no preparados para la rápida evolución de la criminalidad organizada”, afirma Campos.
El Caribe es una vasta región de cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados sobre la que pesa cada vez más la expansión del narcotráfico generado en varios países de Latinoamérica, entre ellos Venezuela. La dependencia del régimen de Nicolás Maduro de los ingresos procedentes del crimen ha desestabilizado profundamente las cadenas de suministro regionales.
“Países con regímenes señalados por corrupción vinculados al narcotráfico tienen extensas costas sobre el mar Caribe que funcionan como una frontera náutica sumamente porosa”, dice Campos.
Según el experto, a esto se le suma el reto que supone la asignación de recursos para llevar a cabo una lucha eficaz contra los precursores químicos en la región y la proliferación de cocinas o laboratorios clandestinos, muchas veces móviles, de drogas sintéticas que, además, logran la independencia de los tradicionales carteles productores latinoamericanos, creando una economía criminal autosostenible.
El auge del fentanilo
En Venezuela, el presidente de la Facultad de Medicina del Estado de Aragua, Ramón Rubio, ha dado la voz de alarma sobre el grave problema de salud pública causado por la producción y el consumo ilegales de fentanilo. Ya en 2023, en San Antonio del Táchira se interceptaron 45 dosis de este mortal opioide sintético. En El Salvador se han incautado hasta la fecha 500 viales de fentanilo, mientras que en Costa Rica, solo en la capital, San José, las incautaciones de pastillas falsificadas de fentanilo aumentaron de 1201 unidades a más de 20 000 entre 2023 y 2025.
La gravedad de esta amenaza alcanzó un punto de inflexión histórico el 15 de diciembre de 2025, cuando los Estados Unidos designaron formalmente el fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos como armas de destrucción masiva, afirmando que el fentanilo está “más cerca de ser un arma química que un narcótico”. Este cambio en la designación pone de relieve que la producción de la droga por parte de redes del crimen organizado ya no se considera un problema de narcóticos, sino una importante amenaza para la seguridad nacional que alimenta la ilegalidad en todo el hemisferio.
Lo que hace que la situación en el país sea especialmente crítica no es solo el consumo, sino también la producción. Según Manuel Jiménez Steller, viceministro de Unidades Especiales del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, se han identificado laboratorios clandestinos de opioides en el país. “Tenemos pruebas concretas de una producción artesanal. Hemos encontrado contenedores, lavadoras y pruebas de procesamiento”, declaró al diario mexicano El Universal. “Nos estamos centrando en la raíz del problema: los importadores, los precursores y las personas que manejan estas sustancias”, añadió.
“Las pandillas y las bandas locales se han fortalecido al asociarse con los principales actores de la cadena logística del narcotráfico, ya que operan como el brazo local de las estructuras transnacionales”, dice Campos. Según el experto, de esta manera logran una gobernanza criminal donde la población queda atrapada en una violencia dominada por una fuerte presencia de armas de fuego ilegales que son necesarias para ejercer el control territorial, amenazar y extorsionar a las comunidades.
Según un informe reciente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Consejo Nacional de Drogas de la República Dominicana, el país caribeño se ha convertido en un punto de tránsito para el tráfico de drogas sintéticas desde Latinoamérica hacia los Estados Unidos.
A esto se suma un fenómeno reciente de proliferación de sitios web de farmacias falsas con servidores en el país que venden medicamentos falsificados, entre ellos fentanilo, a bajo costo en todo el mundo. Una de estas redes era gestionada desde la República Dominicana por Francisco Alberto López Reyes, acusado en Estados Unidos junto con otras 17 personas por su participación en un plan destinado a publicitar, vender, producir y enviar millones de pastillas mortales camufladas como productos farmacéuticos legítimos.
Desde el país caribeño, Reyes gestionaba toda la logística, desde la producción hasta las falsas farmacias en línea donde se vendían las pastillas, pasando por la cadena de pagos en criptomonedas. De hecho, la República Dominicana se utiliza para el blanqueo de los ingresos procedentes del tráfico de drogas sintéticas. Según el informe de abril de 2025 de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la República Dominicana ocupa el sexto lugar entre los países con más operaciones sospechosas de lavado de dinero de fentanilo.
Otras drogas sintéticas
El impacto social de esta expansión criminal es profundo. “La presencia creciente de drogas sintéticas ha generado un aumento en los índices de consumo y adicción, especialmente entre jóvenes y poblaciones vulnerables, lo que a su vez incrementa los problemas de salud pública y deteriora el tejido social”, dice Campos. Según el experto, la normalización de la economía ilegal y la inseguridad contribuyen a la migración forzada y a la pérdida de confianza en las instituciones, agravando la exclusión social y la desigualdad en la región.
Según los informes publicados por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas, también está creciendo el mercado de la metanfetamina y la cocaína rosa. En Costa Rica, en 2023 se incautó una cantidad récord de 580 000 dosis de metanfetamina. El Salvador también ha informado de un aumento de los envíos de metanfetamina desde Guatemala en los últimos cuatro años. En el tráfico de drogas sintéticas en el Caribe también están involucrados delincuentes de las mafias de China, como lo demuestra la incautación en 2022 de más de 12 kg de ketamina en Trinidad y Tobago y la detención de los cuatro chinos propietarios de la droga. “Lo que es evidente en nuestras islas es un aumento en el consumo de sustancias sintéticas como el fentanilo y la MDMA, más conocida como Molly”, declaró Patrick George, presidente interino de Narcóticos Anónimos en Trinidad y Tobago, al canal de televisión local Tobago Updates en septiembre de 2025.
“Para contrarrestar el problema es fundamental fortalecer en forma efectiva la cooperación entre los países, fortaleciendo espacios como el Consejo de Aplicación de la Ley Aduanera del Caribe (CCLEC) o la Asociación de Comisionados de Policía del Caribe (ACCP) en el marco de CARICOM y de iniciativas como el PAcCTO 2.0, acompañado de mayor presencia de autoridades de los países destino de las drogas como Estados Unidos y los países de Europa”, dice Campos.
Según el experto, comprender el fenómeno implica entender la ruta criminal por el Caribe, investigar el ecosistema delictivo en su totalidad, con un enfoque de convergencia criminal, y centrar los esfuerzos de las autoridades en cerrar los mecanismos de financiación ilícita de estas rutas.
“Debemos entender el fenómeno [del crimen] de forma holística, donde los portafolios de bienes y servicios criminales incluyen drogas, pero también comercio ilícito, trata de personas, tráfico de armas, blanqueo de capitales, ciberdelitos y plataformas digitales cada vez más avanzadas”, concluye Campos.
