A partir de la Constitución de 1991, Colombia se convirtió es un Estado Social de Derecho, es decir, que el Estado debe velar por la integridad de los ciudadanos, y por tanto la soberanía del país descansa sobre el pueblo. Es un Estado con un sistema político democrático, que en los últimos años ha tenido un desarrollo exitoso a pesar de la situación interna de violencia; sus instituciones políticas se encuentran entre las más estables de la región, en general se cuenta con una de las tradiciones electorales más extensa y sus gobernantes no han abusado del sistema en términos políticos. En complemento, uno de los elementos determinantes en la lucha contra el crimen organizado ha sido la inteligencia estratégica, que al ser fortalecida maximiza el poder del mismo Estado, permitiendo la adopción de un concepto preventivo y de anticipación a cualquier amenaza potencial, tanto interna como externa, y la formulación e integración de una política sobre seguridad nacional.
Cooperación con los Estados Unidos
En consecuencia, Colombia se ha comprometido y ha consolidado una cooperación bilateral con los Estados Unidos revisando, compartiendo y utilizando la inteligencia estratégica necesaria para contrarrestar los delitos transnacionales, preservando la soberanía y propendiendo el mantenimiento de la estabilidad en la región. Esta estrategia ha incluido la anticipación, el manejo de la información, educación y actualización sobre respuestas a las amenazas, desarrollando planes adecuados y vigentes de seguridad y defensa.
Tanto los individuos como los Estados pueden defenderse de manera anticipada y con justicia ante la violencia inminente; aunque aún no haya tenido lugar, pueden disparar primero si saben que están a punto de ser atacados. Esta es una facultad reconocida en el derecho interno de los Estados y también en el paradigma legalista aplicado a la sociedad internacional.
El caso colombiano
Para el caso colombiano y teniendo en cuenta las diferentes políticas de seguridad emprendidas por los últimos gobiernos, se puede considerar que la teoría de la guerra preventiva es el modelo que ha sido empleado en el país, toda vez que pretende la prevención, la anticipación y llevar la iniciativa ante una amenaza terrorista, para recuperar el orden y la seguridad, como elementos indispensables para garantizar la protección de los ciudadanos en medio de una situación de violencia, que puede ser clasificada en el concepto de las “nuevas guerras” por su caracterizada desideologización, la ausencia de control territorial, la financiación por actividades ilegales y la utilización de actos de terrorismo como métodos y medios de combate.
En los últimos gobiernos se han diseñado políticas públicas de seguridad basadas en inteligencia y en el concepto de la guerra preventiva, las cuales han buscado el compromiso no solamente de la fuerza pública, sino también de las demás instituciones del Estado y de los ciudadanos, siendo uno de los pilares de las agendas políticas y de la estrategia nacional, en donde el manejo del “orden público”, no es exclusivo de los militares, sino que obedece al direccionamiento del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Militares o en su delegatario, el ministro de Defensa Nacional.
Manejo de la información
Las confrontaciones tradicionales entre Estados se han reducido y por el contrario han aumentado nuevas dinámicas de orden transnacional, las cuales funcionan en cadena, operando por eslabones en diferentes regiones del mundo, como es el caso del narcotráfico que es producido en Sudamérica, el cual tiene tránsito en Centroamérica y finalmente comercializado y consumido en los países prósperos del norte y otras partes del mundo. Por consiguiente, resolver problemas que afectan a continentes enteros requiere la cooperación internacional, y también un enfoque estratégico para resolver asuntos de carácter global.
A pesar de que muchos autores sostienen que el conflicto, antes que la cooperación, es más típico de las relaciones internacionales que de las relaciones interestatales, el terrorismo y el crimen transnacional han hecho que los Estados Unidos apuesten a nuevas formas de cooperación internacional.
Las convenciones universales relacionadas con la delincuencia alientan a los Estados partes a celebrar acuerdos bilaterales y multilaterales para aumentar la eficacia de la cooperación internacional. Sin embargo, en materia de inteligencia, el asunto no es tan sencillo, ya que en muchos casos el intercambio de información puede ser limitado a ciertos temas, además de la dificultad y el recelo de compartir un elemento que ha costado dinero, esfuerzo e incluso vidas. Pero cuando la cooperación tiene lugar en materia de inteligencia estratégica, se vuelve permanente y limita un escenario concreto como en Latinoamérica, en donde la cooperación en inteligencia se dio durante el Conflicto Este-Oeste, como parte de un bloque hemisférico. Al concluir dicho conflicto y tras la restauración del sistema democrático en aquellos países que fueron afectados, especialmente en Sudamérica y Centroamérica, la cooperación pasó a tener carácter subregional y a formar parte de la seguridad pública.
Educación y actualización
Desde mediados del 2000 Colombia ha recibido solicitudes de cooperación en seguridad por parte de distintos gobiernos en Latinoamérica y el resto del mundo, en razón a la experiencia acumulada por la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la contrainsurgencia; y se mantiene el intercambio y la actualización de experiencias y doctrina para mejorar los procedimientos operacionales.
En febrero de 2012 y con el apoyo de los Estados Unidos, se impulsó a Colombia como “exportador” de seguridad a través de los Diálogos de Alto Nivel en Seguridad Estratégica. Meses después, en la Cumbre de las Américas, en Cartagena, los presidentes de ambas naciones, anunciaron un Plan de Acción de Cooperación en Seguridad Regional, para construir capacidades en Centroamérica y en el Caribe, creándose un Grupo de Coordinación para la Cooperación en Seguridad y una División de Cooperación Internacional, en la Embajada de los Estados Unidos con sede en Bogotá, adscrita a la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley y al Comando Sur de los EE. UU.
Con la premisa de que la responsabilidad compartida y la acción recíproca son determinantes en el tratamiento al crimen organizado transnacional, se ha trabajado en el intercambio de soluciones desde los dos gobiernos, institucionalizando y fortaleciendo esta estrategia, en donde los esfuerzos desde Washington han aumentado, creándose la División de Cooperación Internacional en Bogotá.
Así, se puede determinar que la revisión de la inteligencia estratégica por parte de los Estados Unidos y Colombia ha permitido la anticipación de la comisión de varios delitos transnacionales, en especial el narcotráfico (ver cuadro), pero requiere de más cooperación internacional con la inclusión de diversos organismos multilaterales, en donde se planteen mecanismos de intercambio de información para lograr mayor efectividad en la neutralización y afectación del crimen organizado transnacional.
No obstante, vale la pena destacar que las políticas de Defensa y Seguridad adoptadas por los últimos cuatro presidentes colombianos han logrado, en gran medida, integrar todos los campos del poder, e igualmente han contribuido con el empoderamiento de la inteligencia como elemento determinante que maximiza el poder para combatir el crimen transnacional.
