Asesinatos múltiples, revueltas en las penitenciarías, homicidios por extorsión y enfrentamientos entre grupos criminales, elevaron los índices de violencia en Honduras. Una espiral de homicidios colectivos marcó a junio como el mes más brutal del año en el país, totalizando 151 muertes violentas, entre ellas 46 mujeres asesinadas a fines de mes en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social, en Tegucigalpa.
Para contrarrestar el accionar de los criminales, la presidenta Xiomara Castro ordenó implementar medidas contundentes y afirmó que los asesinatos fueron un hecho “planificado por maras, por lo que tomaría medidas drásticas”.
Desde el 24 de noviembre de 2022, el Gobierno impuso medidas de excepción parciales en las zonas de alta peligrosidad en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, como parte del Plan integral para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos.
“La violencia tiene orígenes multifactoriales, además de su origen económico. Por un contexto de caos […] los grupos criminales aprovechan esa coyuntura”, dijo el 24 de julio a Diálogo Jessica Sánchez, directora de la ONG hondureña Grupo de Sociedad Civil.
Comenzando bien el año
En un análisis presentado a principios de junio por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en conjunto con la Secretaría de Seguridad en Honduras, fue dado a conocer que entre enero y marzo de 2023 la violencia había reducido respecto al mismo periodo del año 2022. Los homicidios presentaron 247 víctimas menos y los accidentes de tránsito disminuyeron 19 por ciento.
“Como nunca ahora hemos atacado al narcotráfico; destruyendo plantaciones y centros de procesamiento de pasta de cocaína o marihuana”, dijo el 24 de julio a Diálogo el Coronel de Infantería del Ejército de Honduras D.E.M. Ramiro Fernando Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional. “Hemos capturado a los principales líderes dedicados al narcomenudeo, al igual que luchamos constantemente contra las organizaciones criminales que tanto daño le causan al país”.
Medidas contundentes
Entre las medidas implementadas por Castro están el Plan Nacional de Seguridad “Solución contra el Crimen”, con el operativo Candado Valle de Sula, en San Pedro Sula, para contrarrestar los homicidios. En respuesta a las mujeres asesinadas en el penal femenino, el 26 de junio inició la Operación Fe y Esperanza, con la que la PMOP tomó el control de los 25 centros del sistema penitenciario hondureño.
La PMOP publicó por Twitter que durante Fe y Esperanza, encontraron que los reclusos tenían en su poder teléfonos celulares, walkie talkies, teléfonos satelitales, routeres, antenas, torres de telecomunicaciones, paneles solares, crack, marihuana, cocaína, armas cortopunzantes, armas de fuego de fabricación casera, proyectiles de diferente calibre, armas de asalto AR-15, granadas de fragmentación (30 reclusos con ellas dentro de su cuerpo), dinero en efectivo y uniformes militares y policiales.
“Sin embargo, las medidas de combate a la criminalidad no deben ser sólo dirigidas a zonas con altos índices de pobreza; estas son medidas dirigidas a los pobres que están en los barrios supuestamente más peligrosos, pero a la vez son los barrios más infortunados, donde están las maras”, dijo Sánchez. “Pero las maras son la última cadena del crimen organizado. Los jefes de las maras y del crimen organizado no están ahí […]. Si vamos a resolver el problema hay que atacarlos a todos”.
A principios de julio fueron implementados operativos, allanamientos, capturas y retenes, traslado de reos calificados como altamente peligrosos y toques de queda parciales. Además fueron ofrecidas recompensas para capturar a los causantes de asesinatos múltiples y se recrudecieron las acciones contra la extorsión.
De acuerdo con un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 72 por ciento de las extorsiones ocurren en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y en los municipios del Distrito Central, en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, ambos considerados los municipios más violentos de Honduras. Comparando a cifras de 2021, la extorsión en 2022 incrementó en un 153 por ciento.