Desde mediados de enero las Fuerzas Armadas de Chile tienen un nuevo rol: la lucha contra la trata de persona y el tráfico de migrantes, una problemática regional que va en crecimiento.
El presidente de Chile Sebastián Piñera firmó el 12 de enero un decreto que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras para combatir la migración indocumentada. Este decreto amplía una ley aprobada en agosto de 2019 (el Decreto 265), que facilita el apoyo de los militares a las fuerzas policiales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, a través de sus elementos logísticos, de transporte y de tecnología.
“Dada la naturaleza y extensión de las fronteras en el norte […], para poder cumplir con dicha misión se requiere una mayor colaboración de las Fuerzas Armadas”, dijo Piñera.
Según Baldo Prokurica, ministro de Defensa de Chile, “es indispensable contar con herramientas para afrontar el fenómeno de la migración indocumentada, ya que todos los indicadores apuntan a que seguirá creciendo”.
“Las Fuerzas Armadas cuentan con tecnología para advertir a las fuerzas del orden que en algún lugar de esta amplia y larga frontera hay gente que pretende ingresar. En segundo lugar, ellos pueden retener a una persona para ponerla a disposición de las policías y además de eso, prestar todo lo que es inteligencia que se hace habitualmente para que en colaboración de las policías tengamos un mejor resultado”, indicó el ministro.
En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile Andrés Allamand, anunció el 23 de enero una ofensiva diplomática, judicial y policial para frenar el tráfico de migrantes en el país, indicó el portal del Gobierno de Chile.
“Es un delito que afecta los derechos humanos de las personas. Quienes son parte de este proceso de tráfico se encuentran permanentemente en una situación expuesta y de alta indefensión”, dijo Allamand.
La iniciativa incluye colaborar con las fiscalías de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para investigar y sancionar estos delitos; coordinar y cooperar con las policías de dichos países y adoptar acuerdos internacionales urgentes para combatir este flagelo.
Según el diario chileno El Mostrador, datos de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) demuestran que entre 2017 y 2019 las víctimas por este tipo de delitos aumentaron en un 1300 por ciento, siendo la explotación sexual y laboral las causas más comunes. Durante 2020, la PDI registró 13 656 ingresos clandestinos al país, la cifra más alta desde 2018, reportó el diario chileno Semana.
Según un comunicado del Ministerio de Defensa, desde la implementación del Decreto 265 hasta mediados de enero de 2021, se han realizados 1800 operaciones militares en las fronteras, con 17 000 efectivos desplegados. Las operaciones, precisa el comunicado, han sido de carácter tecnológico, con medios humanos y optrónicos, para facilitar la detección diurna y nocturna de actividades ilegales.