Colombia y los Estados Unidos anunciaron nuevos métodos de lucha contra las drogas, según la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP en inglés), el 25 de octubre de 2021.
La Nueva Estrategia Holística contra el Narcotráfico entre los EE. UU. y Colombia reúne los esfuerzos de distintos participantes: Estado, fuerzas de seguridad, y agencias de desarrollo. Se enfoca en tres ejes: reducción de la oferta de drogas, desarrollo rural ambientalmente sostenible, y protección del medioambiente.
“Con esta nueva estrategia trabajaremos para disminuir la disponibilidad de sustancias ilícitas en los EE. UU. y Colombia, además de apoyar una mayor seguridad y prosperidad en las zonas rurales de Colombia”, manifestó Regina LaBelle, entonces directora interina de la ONDCP.
En 2020, el Gobierno colombiano batió récords en la destrucción de cultivos de coca y en la incautación de estupefacientes: erradicó más de 130 000 hectáreas y confiscó más de 580 toneladas de cocaína y pasta base. Sin embargo estos esfuerzos no alcanzaron. Según datos de la ONDCP, la superficie cultivada de plantaciones de coca aumentó de 212 000 hectáreas en 2019 a 245 000 hectáreas en 2020, además de un incremento en la producción de cocaína.
Los tres ejes
El primer eje de la nueva estrategia de drogas entre los EE. UU. y Colombia incluye más esfuerzos dirigidos a erradicar cultivos ilícitos, destruir laboratorios, incautar y reducir la demanda de drogas, combatir el lavado de dinero, y detener a narcotraficantes. En este último asunto Colombia dio un paso importante el 23 de octubre, con la captura del narcotraficante Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. Este individuo, líder del Clan del Golfo, era uno de los narcotraficantes más buscados del país; los EE. UU. ofrecían USD 5 millones por información que condujera a su detención.
El segundo eje, el desarrollo rural, tiene como objetivo avanzar en la implementación del acuerdo de paz, la seguridad de los ciudadanos que viven en las zonas rurales y el acceso a la justicia. Esto incluye la protección de líderes comunitarios, la reducción de la dependencia que estas comunidades tienen por los cultivos de coca, y una mayor formalización de instrumentos que legalicen la tenencia de tierras para estos ciudadanos.
La implementación del acuerdo de paz está directamente asociada al tercer eje, el de protección ambiental. En la cumbre climática COP26 de la Organización de las Naciones Unidas a principios de noviembre en Glasgow, Escocia, el presidente de Colombia confirmó el objetivo de “tener el 30 por ciento de nuestro territorio [declarado] como área protegida para 2030”. La implementación del acuerdo de paz se relaciona con este objetivo, dado que los grupos narcotraficantes cometen delitos ambientales durante el proceso de producción de coca.
“Para producir una hectárea de coca se destruyen casi dos hectáreas de bosque tropical en Colombia”, comentó el primer mandatario colombiano a la publicación británica Financial Times, durante el evento en Glasgow. De esta manera, el compromiso entre Colombia y los EE. UU. es avanzar en el monitoreo y patrullaje de la selva, sobre todo en donde se infiltran grupos criminales, para controlar dichos territorios y luego implementar medidas de reforestación.
Ya se están ejecutando proyectos de esta clase en las localidades de Cáceres, en Antioquia; Tumaco, en Nariño; y Sardinata, en Norte de Santander; que servirán como punto de partida para incrementar las medidas, indicó Heide Fulton, subsecretaria de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de los EE. UU.