En una celebración del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, en Caracas (Venezuela) el 9 de agosto, Maduro dijo que los pueblos indígenas de Venezuela están en “resistencia activa” contra los esfuerzos para aislar a su régimen. Esa visión ridiculiza la reciente experiencia del pueblo pemón, una comunidad indígena de 30 000 personas que vive en una parte de Venezuela que potencialmente tiene una gran riqueza.
El régimen de Maduro, presionado por las sanciones y su propia mala gestión de la producción de petróleo, está desesperado por obtener ingresos. En 2016, el régimen lanzó el Proyecto Arco Minero del Orinoco, para explotar más de 111 000 kilómetros cuadrados de tierra en la franja central de Venezuela, que al parecer contiene algunos de los depósitos de oro más grandes del mundo, así como diamantes, coltán y bauxita.
Soldados venezolanos que actúan por orden del régimen, bandas armadas y militantes colombianos crean una atmósfera sin ley de tala y minería ilegal en la región, como resultado de la corrupción desenfrenada y el desmantelamiento del estado de derecho.
Los pemones son atacados por el ejército y otros grupos armados, en su intento de defender sus tierras contra los mineros y madereros ilegales, así como contra soldados corruptos y brutales.
En febrero, las tropas del gobierno mataron a dos indígenas pemones e hirieron a 25, mientras cerraban la frontera para evitar la entrada de ayuda humanitaria.
Desde entonces, casi 1300 miembros de la comunidad pemón de Venezuela huyeron a través de la frontera a la aldea de Tarauparu, en Brasil, donde viven otros pemones, según un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
“Con el colapso de la economía de Venezuela y la resultante escasez de alimentos y medicamentos, la inflación paralizante y la agitación social generalizada, no está claro cuándo o si los cientos de pemones que encontraron seguridad en Brasil regresarán a Venezuela”, indica el informe.