A pesar del cese al fuego acordado entre el Gobierno de Colombia y el Ejército Nacional de Colombia (ELN) el 9 de junio en La Habana, Cuba, el grupo armado indicó que continuará con los secuestros al no ser explícitamente prohibidos en el acuerdo. El cese al fuego “bilateral, nacional y temporal”, fruto de varios meses de negociaciones, entrará en vigor el 3 de agosto por un período de 180 días, es decir hasta el 3 de febrero de 2024. Es el acuerdo más largo realizado entre ambas partes desde que se formó la guerrilla en la década de 1960, indicó la BBC.
“En este tipo de procesos debe haber incentivos claros para que las guerrillas puedan negociar en lo militar”, dijo a Diálogo Jorge Mantilla, especialista en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. “De lo contrario, las autoridades deben pensar que al igual que en el proceso de paz con las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia], también tendrán grupos disidentes que combatir”.
Según el jefe negociador del ELN Pablo Beltrán, los secuestros, así como las extorsiones, son partes de las finanzas del grupo armado y se mantendrán si son necesarios. “Por lo general, no hablamos de secuestro, hablamos de retenciones. Si no son necesarias, no se harán”, dijo Beltrán a la prensa luego de la firma del cese al fuego con el Gobierno de Colombia.
Días después, el 14 de junio, el Ejército Nacional de Colombia señaló al ELN por el secuestro de dos personas en el departamento de Arauca. Se trata de la esposa de un militar que pertenece a la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército y un conductor de servicio público. En un comunicado, el Ejército dijo rechazar “categóricamente este acto criminal que viola los derechos humanos e infringe las disposiciones del derecho internacional”.
Aunque los secuestros no fueron explícitamente prohibidos en los protocolos del cese al fuego acordado, continuarán las discusiones sobre la financiación del ELN, declaró Beltrán a la prensa. Sin embargo, el Gobierno de Colombia considera los secuestros un “crimen de guerra”.
El jefe negociador del Gobierno de Colombia Otty Patiño dijo a la agencia de noticias española EFE que, de momento, en el protocolo del acuerdo, ambas partes se comprometen a no realizar acciones prohibidas dentro del derecho internacional humanitario.
El secuestro “significa riesgos de orden político, de orden jurídico y riesgos morales en el sentido que la gente empieza a no creer mucho en la voluntad del ELN”, dijo Patiño, según el sitio de noticias argentino Infobae. “Así no esté escrito expresamente en el cese al fuego, la gente imagina que se está en un proceso de desactivación de las armas para hacer política y entonces, por supuesto, eso también mina altamente la confianza de la gente”.
Gustavo Duncan, profesor colombiano de la Universidad de Los Andes en Bogotá, y experto en temas de narcotráfico y conflicto armado, dijo a Diálogo que en la actualidad no se perciben con claridad los avances para un proceso de paz con el ELN, a diferencia de otras organizaciones criminales.
“La delegación gubernamental se enfrenta a un panorama de negociación con una guerrilla que en un nuevo informe de inteligencia registró 131 acciones bélicas contra la población civil y la Fuerza Pública, desde el mes de enero del 2023 hasta el 27 de abril”, indicó el noticiero internacional Publimetro.
Para las Fuerzas Militares de Colombia la implementación del cese al fuego significa en una primera fase, denominada Alistamiento técnico, continuar con las operaciones militares contra las actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y crímenes conexos a las que se dedican miembros del ELN, hasta el 2 de agosto, indicó Infobae. Asimismo, deberán cumplir con las ordenes de capturas vigentes de miembros del grupo armado.
La suspensión de las operaciones se hará con orden del Presidente Gustavo Petro, previsto para el 3 de agosto.