El monopolio del cacao bajo Maduro

El monopolio del cacao bajo Maduro

Por Diálogo
octubre 18, 2019

En el estado de Miranda, en la región cacaotera de Barlovento, a unos 100 kilómetros al oeste de Caracas, el comercio chocolatero venezolano es bastante amargo. Mientras los productores de la región se enfrentan a una serie de dificultades –la burocracia, el robo y hasta la confiscación de su cacao en grano por las fuerzas de seguridad– una empresa vinculada al régimen de Maduro se codea con distribuidores chocolateros en los eventos mundiales más importantes del sector.

Si bien el cacao venezolano representa sólo el 1 por ciento del cacao comercializado a nivel mundial, según la Organización Internacional del Cacao, es codiciado como unos de los mejores por su aroma y calidad.

Los Flores y el cacao

Según investigaciones de la plataforma digital venezolana Armando Info, la empresa Especialistas Agrícolas Integrados Compañía Anónima (ESAICA), establecida en Barlovento en el 2015,  cuenta en su rostro de socios familiares de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Entre ellos, se encuentran Mariana Staudinger, esposa de Yosser Gavidia Flores (hijo de Cilia Flores); y Jenifer Fuentes, la pareja de Walter Gavidia Flores (hijo de Cilia Flores). También está indicada como socia Erika Albornoz Gavidia, la sobrina de Walter Gavidia Rodríguez, dirigente chavista y ex esposo de Cilia Flores.

Mariana Staudinger, Yosser Gavidia Flores y Walter Gavidia Flores fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. en julio de 2019 por su participación en actos de corrupción relacionados con el programa de comida subsidiada por el régimen de Maduro, conocido como CLAP. Otro socio, indica Armando Info, es Mario Bonilla, amigo de los hijos de Cilia Flores y uno de los acusados nombrados en 2018 en un tribunal de la Florida en un esquema de lavado de dinero de USD 1,2 millardos.

“Están aplicando con el cacao el mismo esquema que están intentando aplicar con el oro”, dijo a Diálogo un vocero de Acción Campesina, una organización venezolana que defiende los derechos del agricultor. “Existe toda una estructura delincuencial alrededor del cacao, con la presencia de cuerpos de seguridad del Estado, que afectan a unos productores, y a otros no los toca. Y todo, para beneficiar al gobierno”, agregó el hombre que pidió no ser nombrado por miedo a las represalias.

A pesar de estar ubicada en la zona más violenta del país –con las tasas más altas de homicidios, secuestros y robos, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)–, ESAICA no sufre los mismos problemas que los demás productores, dicen organizaciones cívicas como la OVV y Acción Campesina. En su página web, la empresa promueve su negocio con gallerías de fotos de sus puestos en ferias en Francia, Japón y Holanda, y con imágenes serenas de sus cultivos.

Los otros productores, sin embargo, se enfrentan a escenarios cada vez más difíciles. Muchos sufren robos por ladrones que hurtan el cacao desde los campos y lo venden en el mercado negro y bandas delictivas que los extorsionan, indica la OVV. Por su parte, el gobierno frena la exportación del cacao con burocracia, imponiendo hasta unas 20 etapas de pasos burocráticos con diferentes ministerios para poder exportar.

En diciembre de 2018, productores dijeron a la agencia internacional de noticias Reuters haber perdido en puestos de control del gobierno más de 80 toneladas de cacao en grano. Más recientemente, en mayo de 2019, la Guardia Nacional Bolivariana de Miranda indicó en su cuenta Twitter la retención de más de 26 500 kilógramos de cacao por falta de documentación legal.

“Los convoyes que llevan el cacao de ellos [ESAICA] van protegido por la Guardia Nacional, mientras que los otros convoyes son detenidos y decomisados por la misma Guardia Nacional”, señaló el vocero de Acción Campesina.

Los productores afectados, indicó Armando Info, intentaron recuperar la mercancía haciendo denuncias antes varias oficinas del gobierno, pero el cacao fue entregado a la Corporación Socialista de Cacao Venezolano (CSCV) –órgano del Ministerio de Agricultura que administra y desarrolla las actividades del Estado en la producción, procesamiento y distribución del cacao.

Un entramado burocrático

En el estado de Miranda, los productores se enfrentan a más dificultades todavía desde que el chavista Héctor Rodríguez asumió las funciones de gobernador en octubre de 2017. Bajo su plan “Miranda Huele a Cacao”, Rodríguez creó una estructura burocrática que regula el precio del cacao, impone una cuota al productor que se paga a la alcaldía correspondiente y después exporta la mercancía a precio internacional.

Según el grupo de estudios venezolano Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE Libertad), una tonelada de cacao venezolana se cotiza hasta USD 8000. El gobierno dice producir 35 000 toneladas de cacao al año.

Pocas son las compañías que logran sortear el sistema, indica la CEDICE Libertad, y los productores se ven obligados a vender su mercancía al gobierno a un precio mucho menor de su valor.

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