Mayerling Oropeza corrió su última carrera el domingo 1 de marzo. La ciclista y diseñadora de páginas web de 50 años, fue arrollada en una avenida en el este de Caracas, cuando regresaba a su vivienda luego de participar en el evento conocido como BiciRock. El responsable se dio a la fuga, y la abandonó.
Aunque la Policlínica Metropolitana estaba a una cuadra de distancia del lugar donde ella quedó, tendida sobre el asfalto, los transeúntes que la auxiliaron optaron por trasladarla al hospital Domingo Luciani, relató Ernesto Linzalata, un amigo de la corredora.
El primer diagnóstico de Oropeza indicaba que tenía traumatismos severos en el cráneo. Pero era necesario examinarla con rayos X, para conocer la gravedad de las lesiones.
“El tomógrafo del Luciani no funcionaba. Tampoco había servicio de ambulancias. Entonces me puse de acuerdo con varios amigos para contratar un servicio que la llevara a una clínica”, recordó Linzalata.
Gracias a esta convocatoria, fue posible reunir los USD 150 que solicitaba el servicio privado de ambulancia, un costo que equivale a 50 salarios mínimos en Venezuela.
“Cuando ya estábamos en esta clínica hubo un bajón de luz y tampoco se pudo hacer la tomografía. Ibamos a llevarla a otra clínica, pero su estado era tan grave que decidimos regresar al Luciani”, continuó Linzalata.
Oropeza murió en ese hospital el 2 de marzo.
Este caso refleja la fragilidad del sistema de atención hospitalaria en la capital venezolana, y por extensión en el resto del país. El hospital Domingo Luciani es, según el Ministerio de Salud, uno de los dos centros “de referencia” que existen en el Distrito Capital. Según el discurso oficial, esto quiere decir que poseen mejores equipos, tienen más insumos y personal médico.
Linzalata no sabe si su amiga hubiese sobrevivido de haber recibido los auxilios requeridos en forma oportuna. Pero es un hecho que los centros de salud públicos venezolanos operan en medio de una gran precariedad.
Esta es una de las conclusiones que ofrece la Encuesta Nacional de Hospitales, presentada en enero por la organización venezolana Médicos por la Salud, un equipo encabezado por el doctor Julio Castro, médico infectólogo.
Según este sondeo, el promedio semanal de horas en que falló el servicio eléctrico en los hospitales del país fue de 235,8 en diciembre. Para ese mismo mes, los servicios de rayos X no funcionaban en el 63,87 por ciento de las instalaciones hospitalarias, y en otro 21,85 por ciento lo hacían solo en forma “intermitente”.
Con estas cifras, las esperanzas de llevar a cabo un diagnóstico de emergencia en el caso de Oropeza eran escasas.
Pero los servicios de rayos X son vitales en el contexto de un desafío que, según Castro deberá afrontar el país para cuidar los pacientes contagiados por Covid-19, mejor conocido como coronavirus.
Emergencia compleja
La presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología María Graciela López, indicó que se está desarrollando una “emergencia humanitaria compleja”. Esta situación es definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como una crisis que suele ser el “resultado de una combinación de inestabilidad política, conflictos y violencia, desigualdades sociales y una pobreza subyacente”.
Las emergencias humanitarias complejas tienen su origen en las acciones u omisiones de los gobiernos, y se traducen en una imposibilidad del Estado para cumplir con sus funciones primordiales, en áreas como la salud, la alimentación y la seguridad ciudadana.
“El coronavirus se complica con neumonías, en especial en las personas mayores de 65 años, y se necesitan rayos X además de servicios de laboratorio. Y ambos están en funciones mínimas en el país”, advirtió.
Ante la llegada de esta enfermedad, calificada como “pandemia” por la Organización Mundial de la Salud, Nicolás Maduro ordenó la creación de una Comisión Permanente para el Seguimiento y Control del Covid-19, y designó a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, para encabezarlo. El presidente de la Federación Médica de Venezuela Douglas León Natera, duda sobre la capacidad de Rodríguez para tomar decisiones en materia de salud pública.
“Es difícil que tenga éxito. Debe ser que el ministro del área [Carlos Alvarado] no es adecuado tampoco. El se declaró incompetente durante una reunión que tuvimos hace dos años”, señaló.
Según León Natera, los pacientes agravados por el coronavirus deberán ser ingresados a las unidades de terapia intensiva de los hospitales, donde tendrán que ser intubados. Pero, “en la mitad de los hospitales estas unidades no funcionan”, aseguró
Centinelas
El 9 de marzo, el ministerio de Salud convocó a representantes de las sociedades científicas del país, en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, ubicado en la Universidad Central de Venezuela.Allí informó sobre el protocolo elaborado para la atención de los pacientes afectados por el coronavirus. Debido a la crisis hospitalaria, el Ejecutivo optó por concentrar los recursos disponibles, y los asignados a través de la Organización Panamericana de la Salud, en 39 instalaciones denominadas “centinelas”.
Luego de revisar la referida lista, León Natera observó que el Gobierno escogió un hospital que estaba cerrado para atender a los pacientes de Caracas, refiriéndose al centro asistencial de Coche.
Según López, otro aspecto que no está claro en el protocolo fijado por el Gobierno tiene que ver con la “ruta” que seguirán los posibles contagiados cuando entren en los hospitales “centinelas”.
“En la llamada ‘ruta respiratoria’ que seguirán estos pacientes, no pueden tener contacto con otras personas, por ejemplo, en las áreas de emergencia. Además, debe haber una adecuada dotación de materiales, como por ejemplo las mascarillas N95”, explicó.
Otro factor se refiere a la afectación de los servicios de transporte para los pacientes, en especial cuando hay que recorrer largas distancias para llegar a los centros centinelas. Según López, este retardo incrementará la exposición de otras personas al virus.