Ecuador intensifica el despliegue de sus Fuerzas Armadas en nueve de las provincias más afectadas por la minería ilegal, informó el Ministerio del Interior a inicios de mayo. Aunque las autoridades reconocen que esta actividad ilícita existe en todo el país, los militares enfocan las provincias de Napo, Orellana, Esmeraldas, Zamora Chinchipe, Azuay, Sucumbíos, Imbabura, Loja y Morona Santiago.
“Los lugares que más urge atender en Ecuador son la Cuenca del Río Napo, porque ahí la minería ilegal avanza de manera descontrolada. Las Fuerzas Armadas ya realizan operativos y confiscaron maquinarias”, dijo el 26 de junio a Diálogo Andrés Tapia, directivo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). En Fierro Urco, en el Austro ecuatoriano, grupos criminales ingresan a territorios indígenas para llevar a cabo actividades de minería ilegal; mientras quee en las comunidades indigenas Shuar y Warints, en la provincia de Morona Santiago, la minería genera división social.
Las autoridades anunciaron un intenso operativo el 5 de mayo en las provincias de Napo y Orellana, al norte del país, donde más de 1000 militares decomisaron 34 excavadoras, más de 11 900 litros de combustible y maquinaria diversa.
“Esas excavadoras no son visibles en las imágenes satelitales de alta resolución, porque los mineros las ocultan entre la vegetación”, explicó un representante de la Fundación EcoCiencia al portal ecuatoriano Primicias. “Existe una estructura ilegal muy grande con capacidad para operar maquinaria pesada en gran número en estas zonas”.
El Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina estima la pérdida de 217 hectáreas de bosque desde 2019 sobre el río Punino, publicó la agencia española EFE. El Laboratorio Nacional de Referencia del Agua, de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, también documentó el impacto ambiental del proceso de extracción de oro en Napo.
“[Existen] desvíos de cauces para captar el agua y procesar el material y deforestan áreas sin control”, explicó al portal Youtopía Ecuador Marcela Cabrera, ingeniero químico del IKIAM. “Los residuos que contienen metales tóxicos como plomo, arsénico, manganeso y mercurio, son vertidos directamente en el río o almacenados en lagunas de relaves abandonadas”.
Científicos y conservacionistas también monitorean la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, una de las áreas protegidas mejor conservadas en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía norte de Ecuador. Datos del proyecto MapBiomas Amazonía estiman que, entre 2017 y 2021, las áreas con actividad minera en los límites de la reserva fueron incrementadas en 386 hectáreas. Esto significa un crecimiento de más del 350 por ciento, informó Mongabay Latam el 6 de junio.
Por ello, el plan de seguridad de las autoridades apunta a las zonas donde existe más conflicto, principalmente en la región amazónica rica en biodiversidad, áreas protegida y depósitos de oro y cobre, agregó Voz de América.
“No poseemos un dato exacto sobre cuánto creció la actividad de minería ilegal en el país en los últimos años, pero es incuestionable”, añadió Tapia. “Algunos de los mayores impactos de la actividad de minería ilegal en Ecuador son la contaminación de las fuentes de agua, la división social, el avance de la frontera extractiva y la descomposición del tejido social comunitario”.
Estos efectos son evidentes en La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, donde la minería ilegal mantiene en alerta a la población. Por ello, las fuerzas de seguridad realizaron un operativo y desmantelaron un campamento gigante donde funcionaba una planta de procesamiento artesanal de minerales, cinco campamentos improvisados, cinco lagunas de sedimentación y doce pozos georreferenciados, detalló el diario ecuatoriano El Universo.
El Ejército Ecuatoriano además realizó entre el 8 y el 17 de junio operativos en Congüime, provincia de Zamora-Chinchipe; en los sectores de Mina Vieja y El Olivo, provincia de Imbabura; y en Paccha y Zaruma, en la provincia de El Oro.
“La minería ilegal surge como alternativa atractiva, ya que ofrece mayores beneficios en términos de ganancias y poco riesgo debido a la incapacidad estatal para entender las lógicas de estos mercados ilegales”, subrayó en LinkedIn Carlos Cabrera, analista político ecuatoriano. “En medio de la pandemia, la presencia de estas bandas criminales se expandió y provocó un aumento de la violencia, los homicidios y otras actividades delictivas como la trata de personas, las extorsiones y el contrabando transfronterizo de gasolina y explosivos”.
El Gobierno de Ecuador mantendrá sus Fuerzas Armadas en las nueve provincias hasta el cierre del 2023, por el crecimiento voraz de esta actividad que en enero fue declarada amenaza para la seguridad nacional.