Unos 1900 delincuentes colombianos se encontrarían viviendo en ciudades fronterizas de Venezuela, desde donde planean acciones criminales contra Colombia y en favor del narcotráfico, dijo en septiembre de 2021 al diario chileno La Tercera el General Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia.
El Gral. Navarro estimó que en las ciudades venezolanas de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, se calcula la presencia de aproximadamente 1200 miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de unos 700 disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“En total hay unos 2350 combatientes del ELN, cerca de la mitad están en Venezuela, y 2400 hombres y mujeres de las FARC, un tercio de ellos actuando desde el país vecino”, abundó el Gral. Navarro. “El ELN ataca objetivos en Colombia, luego se repliegan a los territorios venezolanos donde se esconden”.
El ELN desarrolla en Venezuela actividades ilegales relacionadas con el contrabando de gasolina, la minería y la extorsión, además de tener operaciones en enclaves cocaleros, asegura un informe de febrero de la ONG colombiana Fundación Ideas para la Paz.
“En los últimos tres años los grupos armados ilegales han pasado de tener una retaguardia estratégica a constituir un enclave criminal en Venezuela, con el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro”, declaró ante la Organización de Estados Americanos el ex canciller colombiano Holmes Trujillo, en septiembre de 2019. “Las FARC y el ELN se han afianzado en las últimas dos décadas (…) con los gobiernos de Chávez y Maduro e intereses económicos cada vez más superpuestos”.
Nueva oportunidad hacia la legalidad
El Gobierno colombiano presentó un plan, el 30 de octubre, para que los integrantes de los grupos armados ilegales dedicados a la producción, venta y comercialización de drogas, se entreguen voluntariamente para “estar de este lado, del lado de la legalidad”, declaró el ministro de Defensa Diego Molano a Radio Nacional de Colombia.
El plan explica que los beneficios incluyen acceso a los servicios de salud, educación e incluso remuneración económica, dependiendo del análisis que formule en cada caso la Fiscalía colombiana.
“Si una persona se presenta voluntariamente y tiene un hijo y esposa, también serán protegidos”, agregó el alto comisionado para la paz de Colombia Juan Camilo Restrepo.