La ministra de Comunicación de Bolivia Roxana Lizárraga, denunció el 8 de enero de 2020 que cerca de 700 supuestos médicos cubanos que estaban trabajando en dicho país como parte de un convenio de salud firmado por el Gobierno del ex presidente Evo Morales no estaban capacitados para ejercer, por carecer de títulos o tener títulos fraudulentos, y que su verdadera ocupación en el país sudamericano eran labores de inteligencia.
“Hemos esperado el momento oportuno para darles a conocer que parte de este plantel que llegaba desde Cuba no eran médicos, no tenían como profesión ser médicos (…), se han podido rescatar varios de esos títulos que han sido santificados para hacerlos pasar por médicos”, aseveró Lizárraga.
La ministra también declaró que la falta de confianza de Evo Morales en las autoridades de Bolivia lo llevó a poner a cargo de la seguridad del Estado boliviano a cubanos y venezolanos, y que el daño económico al país es elevado.
“El daño económico es altísimo porque no se ha invertido en salud. Se ha invertido en financiar a personas dedicadas al servicio de inteligencia”.
Durante la conferencia de prensa donde se revelaron estos datos estuvo presente el ministro de salud Aníbal Cruz, quien presentó lo que afirmó son las pruebas físicas (documentos, videos y fotografías) que respaldan los señalamientos.
Cruz dijo que estos supuestos médicos tenían “fines que eran más de adoctrinamiento (..), utilizando bienes y un presupuesto… excesivo”. También agregó que los afectados fueron los ciudadanos, ya que el tema de la salud es sensible.
A finales de 2019, el ministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo, reveló que habían capturado a cuatro presuntos médicos cubanos con alrededor de USD 100 000, dinero que según las autoridades locales serviría para financiar disturbios en Bolivia. Pero La Habana indicó que eran fondos para las nóminas y gastos de alquiler de la misión médica en La Paz.
Días después, las autoridades cubanas anunciaron el retiro de unos 700 médicos de Bolivia, al considerar que eran blanco de ataques del nuevo Gobierno interino de la presidenta Jeanine Áñez.