El régimen castrista siembra el terror y combina represión y tortura para doblegar a sus opositores.
En 2019 hubo más de 3000 detenciones arbitrarias en Cuba, en medio de una campaña de difamación del Gobierno para perseguir a los defensores de los derechos humanos, líderes sociales, políticos y periodistas independientes, indicó la ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España.
Los arrestados promovían el rechazo a la nueva constitución, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en un referéndum convocado el 24 de febrero; o pretendían participar en actividades políticas en las sedes de sus organismos, acudir a ceremonias religiosas o viajar dentro del país, asegura el Observatorio. Hasta diciembre de 2019, permanecían en las cárceles 122 presos políticos.
“El régimen cubano imputa delitos comunes probadamente falsos contra los activistas, como es el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el mayor grupo opositor del país, quien fue otra vez arrestado por la policía política el 1.º de octubre de 2019”, dice Prisoners Defenders, una ONG española de acción jurídica y defensa.
Ferrer fue encarcelado por primera vez durante la llamada Primavera Negra de 2003 después de un juicio sumario y liberado en 2011. Las autoridades lo mantuvieron incomunicado de sus familiares, abogados o atención médica y con torturas físicas todo el tiempo, agrega la ONG.
Las acciones represivas a los ciudadanos incluyen amenazas, multas, restricción en las comunicaciones, el arte y la libertad religiosa, además de sitiar sus casas y prohibirles salir del país, asegura la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, miembro del organismo internacional Human Rights Watch. El Gobierno opta por la represión con detenciones de corta duración, agrega la comisión.
“Una misma persona puede ser detenida arbitrariamente más de 15 veces seguidas en un par de meses; antes nos reprimían por algunos días y había una pausa, ahora ya no hay pausas”, comentó a Diálogo Laritza Diversent, directora ejecutiva del centro de información legal Cubalex, exiliada en los Estados Unidos.
El castigo y el agotamiento son comunes para quienes no comulgan con el régimen. “El Gobierno de los Castro y Miguel Díaz-Canel combinan tortura física y psicológica para quienes reclaman elementales derechos civiles y políticos”, dijo a Diálogo desde su exilio en los EE. UU. el activista cubano Luis Enrique Ferrer, representante en el extranjero de UNPACU, y hermano de José Daniel. “Los abusos no pararán hasta quitar a las figuras claves de la oposición y defensores de los derechos humanos, como mi hermano, para que no estén en las calles cuando ocurran las explosiones espontáneas del pueblo”.
Amnistía Internacional solicitó el 22 de noviembre al Estado cubano el acceso para observar el proceso judicial, aún sin fecha, al que será sometido José Daniel Ferrer. Las autoridades lo acusan de secuestro y de participar en un incidente violento contra otra persona, según la television estatal cubana. “En estos casos es necesaria ayuda internacional. El panorama de los derechos humanos en la isla es muy difícil; llevamos décadas aguantando la represión de manera sistemática”, concluyó Diversent.