El régimen ha perseguido a mujeres involucradas en activismo político con amenazas y exclusión de programas sociales, según un informe de derechos humanos emitido por las Naciones Unidas (ONU) el 5 de julio. Las mujeres y jóvenes detenidas por el régimen han sufrido torturas y violencia sexual.
La grave situación sanitaria de Venezuela, que incluye escasez de medicamentos y cortes de electricidad, hace que miles de venezolanas embarazadas emigren para dar a luz. Según informes de los medios, en Colombia nacieron unos 25 000 bebés venezolanos desde 2015.
La migración es peligrosa y difícil y pone a los nonatos en riesgo de nacer prematuros o con bajo peso. No obstante, las probabilidades de morir son aún mayores para aquellas madres embarazadas y sus hijos nonatos que siguen en Venezuela. Según estadísticas del Gobierno venezolano, también publicadas por la Agencia de la ONU para los Refugiados, la mortalidad materna en Venezuela aumentó un 65 por ciento de 2015 a 2016. En ese mismo período, la mortalidad infantil en los seis primeros días después del nacimiento aumento un 53 por ciento.
Una vez que nacen sus hijos, las madres venezolanas luchan para obtener atención médica, fórmula infantil y pañales.
Las condiciones económicas y de seguridad de Venezuela también exponen a las mujeres y jóvenes a la violencia sexual, la trata de personas y otras formas de explotación, tanto en su país como en otros países. Los traficantes de personas explotan en Venezuela no solo a víctimas de nacionalidad venezolana, sino también a las de otros países.
También someten a víctimas venezolanas en el extranjero, según el informe Trata de Personas 2019 del Departamento de Estado de los EE. UU. Los refugiados venezolanos y otras personas desplazadas se ven obligadas a buscar atención médica, educación y otros servicios públicos, mientras batallan para atender a sus familias.
En respuesta a esto, los EE. UU. enviaron más de USD 376 millones desde el inicio del año fiscal 2017 para financiar la ayuda ante la crisis regional venezolana, incluyendo cerca de USD 334 millones en ayuda humanitaria y USD 43 millones en asistencia económica y para el desarrollo.