En los últimos meses el precio de la coca, la planta utilizada para producir cocaína, se ha desplomado hasta en un 50 por ciento en Colombia, mientras que los compradores de coca prácticamente han desaparecido. En las regiones más empobrecidas del país, donde cientos de miles de familias dependen de este cultivo para su subsistencia, los cocaleros están recurriendo a almacenar kilogramos de pasta de coca en casa, a la espera de compradores, informó el diario español El País.
“Los precios están muy malos”, dijo a AFP un cocalero de Llorente, en el departamento de Nariño. “La única opción es guardarla [la coca]”.
La crisis se extiende por todo el país y en algunos pueblos que dependen mayoritariamente del cultivo ilícito se produce un efecto dominó que afecta a todos los comercios, provocando el cierre de tiendas y que zonas que antes rebosaban vida ahora estén vacías.
“La gente viene al pueblo a comprar algo, a pasear, a comprar algo para la casa… pero si la gente no tiene dinero, no va”, dijo Jhonatan Patiño, alcalde de Argelia, en el departamento del Cauca, al diario colombiano El Espectador. Según Patiño, el 90 por ciento de la población de Argelia, unos 30 000 habitantes, depende directamente del cultivo de coca.
El enigma de la coca
En declaraciones a El Espectador, Felipe Tascón, director de sustitución de cultivos ilícitos de Colombia, explicó que el desplome de los precios de la coca comenzó a finales de 2021 en la región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. Con el tiempo, el fenómeno se extendió por todo el país y el coste del kilo medio de pasta de coca procesada cayó un 30 por ciento y el de 12,5 kg de hojas de coca más del 50 por ciento en algunos casos.
Los analistas aún no están seguros de la causa exacta del desplome de los precios, con explicaciones que van desde un cambio en la demanda hacia las drogas sintéticas hasta un aumento de la oferta dentro o fuera de Colombia.
En una entrevista concedida a El País durante sus visitas de Estado a España y Portugal, el presidente colombiano Gustavo Petro intervino en el debate sobre el desplome de la coca. Petro sostuvo que el desplome de los precios era el resultado de un cambio en la demanda de los consumidores de los Estados Unidos, que se alejaban de la cocaína y se acercaban a drogas sintéticas como el fentanilo.
Del mismo modo, en una entrevista con Al Jazeera, Daniel Parra, investigador de la organización no gubernamental colombiana Fundación Paz y Reconciliación (PARES), se hizo eco del presidente, explicando que “los materiales necesarios para refinar la pasta de coca pueden ser rastreados fácilmente por las fuerzas de seguridad colombianas. Comprar grandes cantidades de amoníaco, ácido sulfúrico y permanganato de sodio enciende una luz de alarma para las autoridades policiales. Algunos laboratorios pueden estar cambiando a otras drogas cuya producción es menos arriesgada”.
Sin embargo, la falta de demanda de coca en bruto y de pasta de coca no implica necesariamente un descenso proporcional de la demanda de cocaína terminada. El informe 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) sobre el comercio ilícito de cocaína, indicaba una producción récord de cocaína en Sudamérica, así como un consumo récord en los EE. UU. A su vez, las autoridades colombianas se han comprometido a incautar cantidades récord de cocaína en 2023, según informó el sitio español de noticias Notimérica, lo que pone en duda que el consumo de cocaína esté experimentando un descenso significativo en el hemisferio.
Más bien, analistas como Estafanía Ciro, investigadora del colombiano centro de estudios A la Orilla del Río, argumentaron que el desplome de los precios es el resultado de un exceso en la oferta debido a la sobreproducción de cocaína. Se cree que como consecuencia de la pandemia del COVID-19 los traficantes han hecho acopio de coca lista para su comercialización, en respuesta al endurecimiento de los controles sobre la circulación de bienes y personas a lo largo de 2020 y 2021.
Tanto Parra como Ciro también coinciden con los relatos anecdóticos de los cultivadores de coca, de que la detención y extradición a finales de 2021 de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo líder del Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), fue un factor desestabilizador para el comercio de cocaína y puede haber llevado al grupo a reorganizarse y reorientarse hacia otras economías ilícitas, informó Al Jazeera.
Asimismo, Tascón señala que parte de la explicación radica en la ofensiva de la administración de Petro contra las rutas fluviales, marítimas y terrestres de los traficantes, una medida que también puede explicar el récord de incautaciones. Además, Diego García Devis, investigador de políticas de drogas de la ONG estadounidense Open Society Foundations, sugirió a InSight Crime, que estudia el crimen organizado en Latinoamérica, que grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pueden estar desincentivando el cultivo de coca antes de las negociaciones de paz en curso y potenciales con el gobierno bajo su propuesta de “paz total”.
Retos y oportunidades
Cualquiera que sea la razón del desplome de los precios, analistas y funcionarios coinciden en que grupos como el ELN y el Clan del Golfo se están reorientando hacia otras economías ilícitas. “Creemos que las AGC pueden haber empezado a centrarse en otras fuentes de ingresos ilícitos como la minería ilegal, la extorsión y la venta interna de sustancias ilícitas, en lugar del contrabando multinacional”, dijo Parra a Al Jazeera.
García Devis e InSight Crime son de la opinión de que no es probable que la sobreabundancia de coca dure, dada la todavía elevada demanda de cocaína. En consecuencia, los defensores de la sustitución de cultivos sostienen que los responsables políticos y las autoridades deben aprovechar la crisis que afecta a los cultivadores de coca de todo el país, antes de que se produzca un posible resurgimiento de la demanda de coca en bruto.
En declaraciones a Al Jazeera, Gimena Sánchez-Garzoli, directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), acogió con satisfacción los llamamientos del Gobierno, para reimplantar programas de sustitución de cultivos e invertir en oportunidades económicas alternativas para los cultivadores de coca. “El Gobierno debe demostrar que tiene la voluntad y la capacidad de cumplir sus promesas”, dijo Sánchez-Garzoli.
Juliana Mejía, columnista de El Tiempo, sostiene que el Estado necesita involucrarse activamente en territorios que han sido históricamente desatendidos, para contrarrestar economías ilícitas alternativas como la extorsión, la minería ilegal, la silvicultura ilegal y la trata de personas; y promover alianzas con líderes sociales locales, así como su seguridad.
Si los analistas están en lo cierto, la crisis que enfrentan los cultivadores de coca es una oportunidad de oro para la sustitución de cultivos, que las futuras administraciones quizá no tengan la oportunidad de aprovechar. “Vivimos como cocaleros y hemos tenido muchas dificultades”, dijo a El País el supervisor de una finca cocalera de 20 acres en El Zulia. “Hemos dejado de cultivar coca por un tiempo debido a la situación… los que tienen un poco de tierra libre [también han empezado] a sembrar cultivos como la yuca”.
Como señala Mejía en su columna, “es crucial que tomemos nota de las oportunidades que nos ofrece esta nueva realidad. El hecho de que en tantas regiones [del país] ahora sea más rentable sembrar cultivos legales nos ha llevado a una especie de sustitución natural [de la coca]. Para que el Estado pueda aprovechar esta situación, el Estado debe ofrecer una mano con alternativas lícitas adicionales [a los agricultores] en estos territorios”.