Bolivia se adhirió al Protocolo sobre Armas de Fuego de la Organización de las Naciones Unidas el 13 de mayo y reveló que aproximadamente 26 000 armas se encuentran en manos de civiles en todo el país. Carlos Romero, ministro de Gobierno de Bolivia, comunicó esa información durante la suscripción de una carta de entendimiento con el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés) en Bolivia, Thierry Rostan y la jefa del Programa Mundial sobre Armas de Fuego (PAF), Simonetta Grassi.
El documento expresa la intención del Estado boliviano de combatir la fabricación y el tráfico ilegal de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
“Una de las tasas promedio más bajas de la región la tenemos en Bolivia”, declaró Romero durante la firma. “Éstas son las armas que hemos registrado correspondientes a diferentes categorías, desde aquellas que se utilizan para la cacería furtiva, con fines deportivos, de mera colección o aquellas que por las características de las personas pueden registrarse con fines de defensa personal”.
La Carta de Entendimiento debe pasar ahora al Congreso de Bolivia para que sea aprobada como parte de la legislación boliviana. Este tramite ya ha sido encomendado a la Cancillería, la oficina que se encargará de seguir el resto del proceso de regularización legal.
El tráfico ilícito de armas representa una grave amenaza para la seguridad y exacerba los conflictos armados dijo Rostan a la prensa. “El nexo entre las armas de fuego y la criminalidad tiene una cara muy visible por las altas tasas de homicidios”, indicó el representante de la UNODC.
Por su parte, Grassi, dijo que “no es una casualidad que la comunidad internacional ha dejado de ver el crimen organizado y la portación de armas de forma aislada, inclusive, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas alienta las estrategias para el control de tenencia de armas y desvío hacia grupos del narcotráfico, terroristas y otros del crimen organizado”.
Bolivia inició el 2 de septiembre de 2015 el Registro Voluntario de Armas por un periodo que se prolongó por 180 días en cumplimiento de la Ley 400, de Control de Armas, Municiones y Explosivos promulgada en 2013. Desde 2012 el PAF brinda asesoramiento técnico y legislativo así como capacitaciones en materia de investigación al tráfico de armas de fuego y delitos conexos en países de Latinoamérica.