Más de 7000 miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y los bomberos continúan sin descanso para combatir el fuego en la Amazonia boliviana que ha arrasado a 2 millones de hectáreas, según cifras oficiales del Gobierno de Evo Morales.
Unas 18 aeronaves y más de 200 vehículos participan de las labores para controlar el fuego que desde agosto destruye los bosques en la Chiquitanía, una región del departamento de Santa Cruz, fronteriza con Brasil y Paraguay. El fuego dañó cinco reservas forestales –el hábitat de más de 550 especies de animales y más de 50 plantas nativas, indicó el Gobierno de Bolivia.
A inicios de septiembre, la batalla boliviana contra los incendios recibió el apoyo de Francia con la llegada de 38 bomberos especializados y pilotos de drones formados para misiones de reconocimiento y localización de los incendios, así como con 2 toneladas de donación, incluyendo bombas de agua y equipo de protección personal. La ayuda de Francia se suma al apoyo regional proviniendo del Perú, con dos helicópteros con capacidad para cargar 3000 litros de agua, y de Argentina que envió 85 elementos de la organización civil humanitaria Comisión de Cascos Blancos (órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores) a los cuales se unieron 200 militares con unos 40 vehículos.
Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés), también contribuyó con la entrega de un lote de 2000 equipos para dotar a los bomberos, valorado a USD 3 millones. El 9 de septiembre, un avión bombero ruso (con capacidad para descargar 50 000 litros de agua) se unió a los trabajos de extinción que realizan el Supertanker –el avión bombero más grande del mundo– y el helicóptero Boeing CH-47 Chinook, con capacidad para transportar 150 000 y 12 000 litros de agua respectivamente (ambas aeronaves fueron contratadas con empresas estadounidenses).
“Estamos agradecidos con toda la solidaridad internacional que sigue sumándose”, dijo Morales en un comunicado de prensa.
A inicios de septiembre, Morales se reunió con expertos de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, además de la Embajada de los Estados Unidos y la de Gran Bretaña, para trazar un plan de prevención, acción y recuperación de los incendios. El 6 de septiembre, el presidente de Bolivia también participó de una cumbre en Leticia, Colombia, donde siete países amazónicos acordaron medidas de protección para la Amazonia, la selva tropical más grande del mundo.
La deforestación, la extracción ilegal de minerales, la siembra de cultivos ilícitos y la ganadería en lugares no permitidos representan las amenazas más grave para la Amazonia. El 60 por ciento de la selva amazónica está en Brasil, mientras que el resto se extiende por Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, la Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela.
Organizaciones medioambientales y defensores de los derechos de los indígenas acusan al Gobierno de Morales de ser responsable de los incendios por haber modificado un decreto que regula las tierras de producción forestal. El decreto de julio autoriza quemas controladas para actividades agropecuarias en los departamentos de Santa Cruz y Beni que han sido afectados por los incendios.
El 9 de septiembre, Amnistía Internacional pidió al Gobierno de Bolivia suspender el decreto y pidió que se sancione a las personas responsables. “Las autoridades bolivianas deben investigar de una forma científica e independiente el origen de esta grave crisis”, dijo María José Veramendi Villa, investigadora para Sudamérica de la organización no gubernamental.