Gobierno salvadoreño se propone cobrar impuesto de seguridad al capital

Por Dialogo
mayo 25, 2011


El gobierno de izquierda salvadoreño busca cobrar a 2.000 grandes contribuyentes un impuesto para recaudar 120 millones de dólares por año para el combate de la criminalidad, que ha sido recibido con cautela por los empresarios, que pidieron conocer antes las acciones que serán financiadas con esos recursos.



Tras haber buscado asesoría en el gobierno derechista de Colombia donde se aplica un impuesto similar el presidente izquierdista Mauricio Funes presentó la propuesta el 20 de mayo ante la Comisión Consultiva para temas de la nación, que tiene como fin dotar de más recursos al Estado para combatir “con más impacto la criminalidad”.



La Comisión, integrada por líderes políticos y un ex presidente derechista (otros se han negado), se pronunciará próximamente sobre esta propuesta, antes de que Funes la envíe al Congreso.



“Estamos pensando en un impuesto que no va a afectar el proceso de recuperación económica del país”, declaró Funes, primer gobernante de izquierda salvadoreño, al señalar que las medianas y pequeñas empresas quedan fuera del gravamen.



El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Luis Cardenal, reconoció que el problema de la seguridad “nos preocupa y nos afecta a todos”, pero desestimó la propuesta del impuesto por “inconveniente” y “mal planteada”.



El dirigente empresarial lamentó en una entrevista telefónica con la AFP que la propuesta se anunciara “con un lenguaje divisionista, clasista y populista” y que el gobierno hiciera creer a la población que la medida sólo afectará a los más ricos.



“Esto (el tributo) debe platicarse, debe de consultarse y no debe hacerse unilateralmente con lenguaje populista y sin ir acompañado de otras medidas que son igual o más importantes que los recursos”, señaló Cardenal.



Insistió en que “antes de meterle más dinero (a la seguridad), lo que deberían de hacer es buscar la forma de cómo la Policía se vuelva a ganar la confianza de la gente, y eso pasa por una depuración y una reorganización que necesita la institución policial, porque en cada banda de delincuencia siempre sale mezclado un mal policía”.



Funes declaró el 23 de mayo que quienes pagarán son unos 2.360 contribuyentes de “patrimonio alto”, de los cuales 1.900 son personas jurídicas (empresas), que no realizarán nuevas erogaciones, sino que podrán dejar de gastar en seguridad privada si se reduce la criminalidad.



“En lugar de darle ese dinero a unas cuantas agencias de seguridad que no les dan la seguridad que ellos (los empresarios) requieren, que se lo pasen al Estado”, enfatizó Funes.



Una de las voces que respalda el impuesto es el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, quien el 22 de mayo lo calificó de “justo” porque se aplicará a los que tienen más, aunque para aprobarlo recomendó un diálogo para que se negocie “con buena voluntad”.



“Si el gobierno dice que para enfrentar la violencia es necesario un fondo me parece que es legítimo, y que tiene todo el derecho y obligación el gobierno para asegurar (…) la paz del país”, comentó Escobar.



La violencia generada por la delincuencia común y las pandillas deja un promedio diario de 12 homicidios en El Salvador, una de las tasas más altas de América Latina.






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