El 29 de mayo de 2022, Colombia elegirá un nuevo presidente de la república. Este año en el que ya se celebraron elecciones parlamentarias ha visto un repunte de la violencia, tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales.
Desde el 13 de marzo de 2021 –inicio del calendario electoral– hasta el 7 de marzo de 2022, 188 personas fueron víctimas de la violencia electoral en Colombia, según la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia (PARES). Esto significa que un funcionario del gobierno, candidato, o activista político, según PARES, es asesinado, atacado o amenazado cada dos días. Uno de los puntos centrales de este contexto son los grupos armados peleando por demarcar el territorio y demostrar su fuerza.
La votación para elegir a los nuevos representantes parlamentarios tuvo lugar el 13 de marzo. Ese día dos soldados murieron y otros dos resultaron heridos por explosiones en los departamentos de Meta y Caquetá. El Ejército colombiano sospecha que se trata de casos de venganza de organizaciones criminales. En la región del Caquetá se llevan a cabo operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, del Ejército, para combatir a los paramilitares bajo el liderazgo de dos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): Iván Mordisco y Gentil Duarte. Este último es ahora uno de los delincuentes más buscados de Colombia, reportó el periódico colombiano El Tiempo.
Sin embargo, las elecciones parlamentarias fueron libres y justas a pesar de estos ataques a los militares, dijo el ministro de Defensa Diego Molano. “Aunque hubo dos excepciones por asuntos de orden público, la Fuerza Pública, nuestro Ejército Nacional y la Policía, actuaron de manera contundente para atender los hechos, y garantizar el orden y la libertad de voto”, recalcó Molano.
Para evitar incidentes violentos el gobierno desplegó 240 000 militares y policías en más de 12 000 centros de votación en todo el país, dijo Molano en una entrevista al diario colombiano El Universal.
Actos de violencia
El 27 de marzo, una maleta bomba explotó cerca de una estación de policía en Bogotá, causando la muerte de dos niños de 5 y 12 años, y dejando a 33 personas heridas, informó AFP.
La bomba, según la Policía, era similar a la utilizada en otra comisaría de Bogotá el 5 de marzo. La Policía dijo que disidentes de las FARC reclamaron la autoría de los atentados. El presidente Iván Duque denunció los “ataques terroristas” y ofreció una recompensa de USD 80 000 por información.
El mismo 5 de marzo, la policía de Bogotá incautó una granada de fragmentación, 11 barras de explosivos y cartuchos para fusil, en una casa del sur de la capital colombiana. Tres personas fueron detenidas in fraganti. El jefe de la policía local relacionó el incidente con amenazas de grupos criminales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, según la publicación de investigación Insight Crime.
A finales de febrero, el ELN anunció un paro armado de tres días para protestar contra las políticas sociales y económicas del gobierno. Según la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, 107 hechos violentos se derivaron de este paro armado, informó El Tiempo. Entre ellos, el asesinato de un líder social, 18 actos terroristas, y cinco atentados contra la fuerza pública, entre otros.
Para las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está programada para el 29 de mayo, el Ministerio de Defensa de Colombia anunció la segunda fase del Plan Democracia Elecciones 2022, y el Plan Ágora II, que incluye estrategias para el despliegue de las fuerzas de seguridad y defensa, y la coordinación con organismos internacionales para observar el proceso electoral, para garantizar la transparencia y el mantenimiento de los derechos y deberes políticos, y para asegurar la protección de los candidatos presidenciales y de la población.