La histórica Resolución 1325 del Consejo de las Naciones Unidas (RCSNU) sobre Mujeres, Paz y Seguridad (WPS en inglés), que aborda la importancia de la participación plena e igualitaria de las mujeres en materia de resolución de conflictos, consolidación y mantenimiento de la paz, respuesta humanitaria y resolución posterior al conflicto, tiene como objetivo
incorporar la perspectiva de género en las instituciones de la ONU, y en los procesos de mantenimiento de la paz de todos los gobiernos.
En consonancia con este argumento, la resolución insta a los Estados miembros “a velar por que aumente la representación de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y en los mecanismos nacionales, regionales e internacionales; para la prevención, la gestión y la solución de conflictos”. A pesar de la codificación de la iniciativa WPS realizada en el 2000, aún persiste una generalizada desigualdad de género que favorece al personal masculino: las mujeres constituyen menos del 4 por ciento de los aproximadamente 100 000 efectivos de la ONU.
Cuatro años después de adoptarse la resolución, el Consejo de Seguridad emitió una declaración en la que alentaba a los Estados miembros a desarrollar Planes de Acción Nacional (PAN), para acatar la RCSNU 1325. Los PAN son documentos estratégicos a nivel nacional, que delinean el curso de acción a seguir por un gobierno, a la hora de abordar la temática WPS.
PAÍSES QUE LO LOGRARON
Hasta la fecha, siete países han alcanzado este logro en nuestro hemisferio: Brasil (2017), Canadá (2010), Chile (2009), El Salvador (2017), México (2021), Paraguay (2015) y los Estados Unidos (2011). Según un informe de Mujeres en Seguridad Internacional (WIIS en inglés) del 2020, en la actualidad hay otros cuatro países: Costa Rica, Ecuador, Trinidad y Tobago y Uruguay, que están desarrollando los PAN.
Aunque la adopción de los PAN se celebra como un hito importante en la atención de WPS, existe poca información disponible en cuanto a su efectividad para incrementar la participación femenina en operaciones de mantenimiento de la paz (OMP), que es uno de los objetivos de la RCSNU 1325. El tema se aborda específicamente en una resolución única, la RCSNU 2538 adoptada en 2020, donde demanda un mayor esfuerzo para promover el rol de las mujeres en todos los niveles de pacificación. Si bien a los PAN se les promueve y reconoce como un paso importante para el cumplimiento de los objetivos acordados en la ONU, la participación femenina en procesos de paz está vinculada a su desempeño en las fuerzas militares y policiales. En consecuencia, los índices de participación femenina en procesos de seguridad y defensa podrían ser un mejor indicador de la participación femenina en el mantenimiento de la paz, que la adopción de los PAN.
LAS EXCEPCIONES: ARGENTINA Y URUGUAY
En Latinoamérica, las mujeres constituyen menos del 10 por ciento del personal militar, a excepción de Argentina y Uruguay, donde las mujeres representan el 11,63 por ciento y el 16,09 por ciento, respectivamente.
Estos porcentajes se reflejan en la escasa cantidad de mujeres entre el personal de mantenimiento de la paz, a pesar del gran número de efectivos de pacificación que aportan los países de la región. Estos países, incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, enviaron más de 7000 militares a la Misión de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH en francés). No obstante, la cantidad de mujeres enviadas a la misión fue de cerca del 2 por ciento. El envío de mujeres militares latinoamericanas en particular fue de aproximadamente 2,5 por ciento.
Fuera del hemisferio, Latinoamérica también hace importantes aportes al mantenimiento de la paz. Por ejemplo, en 2018, las fuerzas latinoamericanas participaron en 14 misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, con un total de 2230 efectivos de fuerzas policiales y militares. Sin embargo, los altos índices de participación general no se reflejan en los índices de participación femenina. De los miles de efectivos desplegados en la región, solo el 4,3 por ciento del personal militar y el 3,9 por ciento de especialistas militares son mujeres. Existen dos factores que pueden explicar esta disparidad: la naturaleza misma de los PAN y la relativa importancia del mantenimiento de la paz para los países latinoamericanos.
En primer lugar, los PAN son documentos a nivel estratégico, entonces no incluyen mecanismos de acatamiento. Como su nombre lo sugiere, describen el plan de un gobierno para abordar todos o algunos de los temas claves incluidos en la agenda de WPS, pero no mencionan las consecuencias de su incumplimiento y, por lo general, no cuentan con los recursos necesarios.
Por ejemplo, el primer PAN estadounidense de la iniciativa WPS incluyó líneas de esfuerzo y métricas, pero no puso a disposición el dinero necesario para llevar a cabo dichos esfuerzos. Por el contrario, desde que se sancionó la Ley WPS en 2017, el Congreso de los EE. UU. ha asignado fondos especiales para realizar actividades relacionadas con este programa. Si bien los PAN pueden indicar un fuerte compromiso por parte de los máximos líderes nacionales para apoyar la iniciativa WPS, no necesariamente incluyen los recursos para llevarlos a cabo.
En segundo lugar, las tropas latinoamericanas consideran la participación en operaciones de mantenimiento de la paz como un factor de prestigio. La participación en dichas operaciones es tan valorada en la región que, según investigaciones, se ha utilizado la asignación a este tipo de misiones para atender el descontento de las fuerzas armadas en ciertos países. Las asignaciones a misiones de OMP suelen incluir una remuneración adicional para el personal desplegado. El gran atractivo que tienen las actividades de OMP suele favorecer al personal masculino por sobre el femenino. Por sí mismo, un PAN no puede modificar la percepción de una tarea asignada, ni imponer de forma convincente cupos de género para dichas actividades.
Para que aumente la participación femenina en las OMP los países de la región deben avanzar más allá de los PAN, para generar políticas a largo plazo, y garantizar que las mujeres que prestan servicios en esas instituciones tengan las mismas oportunidades de participación en todo tipo de misiones, incluyendo las operaciones de mantenimiento de la paz.