Perú pidió formalmente apoyo a los Estados Unidos para la elaboración de un plan para luchar contra el narcotráfico. La estrategia tendría como enfoque reducir el cultivo de coca, la producción de cocaína y su eventual exportación, mientras el país intensifica las medidas de seguridad en sus fronteras.
El canciller peruano Javier González-Olaechea, formalizó la solicitud en diciembre con el secretario de Estado de los EE. UU. Anthony Blinken y comunicó que viajaría a los EE. UU. en febrero para que, junto puedan analizar y darle forma al acuerdo.
“Para atacar de mejor manera al narcotráfico, Perú requiere fundamentalmente (…) apoyo logístico, tecnología, armamento y trabajo de inteligencia prospectiva mucho más sostenido”, dijo el 17 de enero a Diálogo Pedro Yaranga, analista internacional peruano. “El apoyo que pudieran entregar los EE. UU. en estos ámbitos, junto con el apoyo de capacidades de agencias especializadas como el FBI y la DEA sería fundamental”.
“El Perú es un país exportador de cocaína (…). A nosotros nos preocupa la producción y la exportación de la cocaína y sus derivados, por eso planteé [a Blinken] la posibilidad de tener un símil al Plan Colombia, adecuado a nuestra realidad nacional”, dijo a la prensa el ministro González-Olaechea.
El Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado (el Plan Colombia), fue un acuerdo bilateral de 1999 entre Colombia y los EE. UU. Sus objetivos fueron la revitalización social y económica, terminar el conflicto armado interno y crear una estrategia antinarcotráfico.
El Plan consistió en un paquete de ayuda por USD 1300 millones, un 80 por ciento destinado a fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública y un 20 por ciento a la asistencia económica y social. Fue un hito fundamental en el acercamiento entre los dos países en torno a su cooperación en seguridad, y clave en el proceso de modernización de las fuerzas de seguridad colombianas, destaca el portal de la Comisión de la Verdad de Colombia.
“Necesitamos equipamiento de alta tecnología y muchas cosas de las cuales el Perú carece”, dijo el ministro. “No hemos discutido aún [el acceso de tropas de los EE. UU. a Perú], aunque si se presentara el caso seguiríamos el camino establecido por la Constitución; que el Parlamento autorice el ingreso de personal especializado para capacitar a la Policía y a nuestras Fuerzas Armadas”.
Frank Casas, experto peruano en seguridad ciudadana, indicó a la plataforma de noticias argentina Infobae que Perú podría llegar a una situación similar a Ecuador, que vive una “explosión” de narcoviolencia, que el gobierno se esfuerza por amainar.
“El riesgo de violencia está desde hace aproximadamente dos años, por la presencia exclusiva de estos grupos organizados que tienen control territorial”, agregó Casas. “Es algo que no ocurría antes, pero eso hace que en cualquier momento pueda estallar”.
Frente a la situación de Ecuador, Perú aseguró sus fronteras. Las autoridades militares de Colombia informaron de que disponían de información, según la cual José Adolfo Macías, líder de la banda Los Choneros, quien desapareció de su celda y llevó al Gobierno ecuatoriano a declarar un estado de emergencia, tendría intenciones de cruzar la frontera con Perú. Esa agrupación criminal es una de las principales responsables de la violencia que vive Ecuador, remarcó Infobae.
Yaranga es contundente al afirmar que el trabajo de inteligencia debiera estar enfocado a la zona costera de Perú, que incluye el megapuerto de Chancay, actualmente en construcción y cuya inauguración está prevista para fines de 2024. Ese puerto está siendo construido por la empresa estatal china Cosco Shipping Ports, que ha sido denunciada por sobornos, sobrecostos, retrasos en la ejecución de las obras, afectaciones a las poblaciones aledañas a sus proyectos y un grave impacto medioambiental.
“Con el puerto de Chancay aumentará la criminalidad, porque va a ser un centro portuario en Latinoamérica”, dijo Yaranga. “Debemos detectar y controlar qué es lo que entra y sale de ese puerto, para evitar una masificación de la criminalidad”.
“Escuché decir a un comandante de la Policía, en un evento de las Fuerzas Armadas de Perú, que había presión para reducir al mínimo los controles de seguridad en Chancay, pues una seguridad muy intrusiva podría elevar los costos de operación y aumentar el tiempo de las actividades portuarias”, advirtió el analista de relaciones internacionales peruano Farid Kahhat, en la plataforma peruana de periodismo La Mula. “Habrá que internalizar esos costos y esos plazos. Si no tenemos medidas de seguridad adecuadas [en Chancay] en Perú podría ocurrir muy pronto lo que en Ecuador”.