Ocho naciones amazónicas se han unido para fortalecer la cooperación regional y proteger la selva tropical que comparten, acordando una lista de políticas y medidas medioambientales en una declaración conjunta en una cumbre en Belén, capital de Pará, Brasil.
La Declaración de Belén, emitida durante la Cumbre Amazónica celebrada a principios de agosto, que reunió a los países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), creará un centro internacional de cooperación policial que tendrá su sede en Manaos (Brasil) y un sistema integrado de control del tráfico aéreo en la Amazonía.
El cultivo de coca, el narcotráfico, la tala ilegal, la minería y la ganadería ilegales, son algunas de las actividades que las organizaciones delictivas transnacionales llevan a cabo en la Amazonía y que destruyen la selva.
“Los delitos relacionados con las drogas están fundamentalmente vinculados a la deforestación y a los delitos medioambientales asociados”, dijo a Diálogo Robert Muggah, cofundador y director del Instituto Igarapé. “Por un lado, la producción, el procesamiento y el tráfico de cocaína, tienen efectos directos e indirectos sobre la cubierta forestal y la pérdida de biodiversidad, desde la tala y el desmonte de tierras para dar lugar a los arbustos de coca, hasta la contaminación de los ríos, generada por los productos químicos involucrados en la producción de cocaína”.
La Declaración de Belén también señala la necesidad de cooperación regional, en la investigación y persecución de delitos ambientales y la importancia de armonizar la legislación y las políticas públicas de los países involucrados, con el fin de desarrollar protocolos de actuación, regulación y control de las actividades en la selva.
Para Muggah, esto es importante porque la mayoría de los países de la Amazonía tienen diferentes interpretaciones jurídicas de lo que constituye un delito medioambiental. “Estos enfoques contrapuestos pueden tener implicaciones tanto en términos de los tipos de delitos a los que dan prioridad las autoridades, como en la forma de perseguirlos. El enjuiciamiento de casos penales internacionales es un reto, y más aún cuando existen interpretaciones contrapuestas de lo que constituye un delito medioambiental”, afirma Muggah.
La declaración de Belén también reafirmó los derechos y la protección de los indígenas y acordó cooperar en la gestión del agua, la salud y el desarrollo sostenible. Lo que no se acordó en la declaración fue una política común de lucha contra la deforestación.
Bajo el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, la deforestación en la Amazonía se redujo un 33,6 por ciento en el primer semestre de 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El mes de junio registró la menor tasa de deforestación de los últimos cuatro años.
En Colombia, Muggah afirma que las autoridades del país han intensificado las operaciones a gran escala para combatir los delitos contra el medio ambiente, especialmente desde 2021, muchas de ellas con la participación de una combinación de organismos de seguridad, incluidas las fuerzas armadas y la policía, así como organismos medioambientales. Cita los esfuerzos del Ministerio de Defensa mediante la creación de una fuerza de protección medioambiental en 2022, para combatir a los grupos armados y proteger la biodiversidad.
La presidenta peruana Dina Boularte, en una reunión con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en vísperas de la cumbre, propuso “una alianza firme y clara para frenar los delitos ambientales, como la tala y la minería ilegales; el tráfico de drogas y especies y la contaminación, que están destruyendo la Amazonía”.
Muggah relata que en 2018 Perú creó un tribunal especial sin precedentes, dentro del Ministerio del Ambiente, para procesar más de 20 000 denuncias pendientes por delitos ambientales; en 2022, aprobó una nueva ley sobre tráfico de fauna silvestre.
“Perú también ha establecido una estrategia nacional multilateral de Lucha contra la tala ilegal para 2021-2025. El Ministerio de Minas y Energía también ha intensificado las actividades para formalizar la concesión de licencias a los mineros artesanales y a pequeña escala desde 2012. Más de 70 000 mineros se registraron para integrarse en el proceso de minería legal en 2017, pero solo 161 explotaciones mineras, que representan a 3000 mineros, completaron el proceso para 2021”, concluyó Muggah.
A la cumbre asistieron los presidentes de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, mientras que Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela enviaron a otras altas autoridades.