El régimen de Daniel Ortega-Rosario Murillo de Nicaragua ordenó el cierre y confiscación de bienes de la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, acusándola de funcionar como “un centro de terrorismo para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon métodos terroristas en el país”, señala el diario oficial La Gaceta.
“El cierre de la Universidad Centroamericana y su ocupación (…) es la estocada final a la generación de pensamiento crítico en Nicaragua”, dijo el 20 de septiembre a Diálogo Juan Carlos Arce, abogado y defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. “El objetivo de esta acción de la dictadura sandinista es eliminar cualquier espacio o centro de pensamiento. No existen [escuelas] que cumplan las funciones de las universidades para generar conocimiento o pensamiento”.
Estas acciones se producen cinco años después de que este centro de estudios fuera el escenario de las protestas estudiantiles que exigieron la salida de los Ortega-Murillo del poder en 2018, publica el diario español El País.
“En 2018, iniciaron las protestas por la reserva Indio Maíz. Se estaba quemando y el régimen no hacía nada. En la UCA nos organizamos y salimos a protestar. Cuando los policías empezaron a atacarnos a los manifestantes, nos abrieron los portones y pudimos ingresar. No sólo nos atacaban con golpes; atacaban para matar”, recordó a Los Ángeles Times María Gómez, estudiante de Comunicación Social. “Era la única universidad donde a los estudiantes se les enseñaba cómo desarrollar su criterio; era la única que tenía esa autonomía de cátedra. Al perder eso, perdemos todo”.
“No podemos separar el cierre y confiscación de la UCA el 18 de agosto, del cierre de más de 3000 organizaciones de sociedad civil, incluidas la Academia de Ciencias de Nicaragua; y del cierre e ilegalización de más 27 universidades, algunas de ellas ocupadas para fundar universidades de adoctrinamiento oficialista”, añadió Arce.
La realidad de Gómez la están viviendo un poco más de 5000 estudiantes de UCA, renombrada como Universidad Nacional Casimiro Sotelo y ahora controlada por el Consejo Nacional de Universidades; brazo político de la dictadura, detalló Infobae.
“Una tendencia de todos los regímenes autoritarios es enfrentarse al pensamiento libre. Las universidades son generadoras de conocimiento, despiertan la consciencia crítica y producen un pensamiento libre en general. Aquí se cerró una universidad precisamente por eso (…); porque se persigue la capacidad para incidir desde el conocimiento”, expresó a Radio Progreso de Honduras el cura José María Tojeira, teólogo y portavoz de la Compañía de Jesús en Centroamérica. “Las dictaduras generalmente empobrecen más a los países de lo que pueden aportar para su desarrollo. En Nicaragua lo estamos viendo con claridad”.
Las universidades José Simeón Cañas, de El Salvador; y Rafael Landívar, de Guatemala, habilitaron un proceso para recibir a los universitarios nicaragüenses, informó el 5 de septiembre el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM). Las autoridades de ambas universidades aseguraron que este proceso puede llevar tiempo, ya que se deben cumplir requerimientos legales.
Consecuencias
El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) aseguró, en su informe de agosto Perspectivas, que el ataque a la UCA y a la Compañía de Jesús del CELAM se inscriben en un contexto de institucionalización y radicalización del estado policial, que el régimen nicaragüense impuso sobre su sociedad desde 2018.
“El acelerado control que los Ortega-Murillo imponen sobre las universidades y otros centros educativos, apunta a un modelo de adoctrinamiento más que de educación, en el que los estudiantes aprendan la ‘verdad’ qué Murillo pretende imponer sobre toda la sociedad nicaragüense con sus discursos y narrativas”, advierte CETCAM. “Convertidas en centros de adoctrinamiento más que de educación superior, el control de las universidades [trastocan] el futuro del país; las generaciones venideras se encuentran seriamente comprometidas”.
Docentes, investigadores y académicos de Latinoamérica, Canadá, los Estados Unidos y Europa, condenaron el cierre y expropiación de la UCA en una carta; recordando que el centro de estudios sufrió sistemáticas campañas de desprestigio, ataques a sus instalaciones físicas, congelamiento de cuentas bancarias y el destierro de quien entonces era su rector, el cura José Idiáquez; y del vicerrector general, Dr. Jorge Huete, publicó el 4 de septiembre La Prensa, de Panamá.
“Las consecuencias son graves porque recordemos que tener nuevas generaciones educadas, técnicas y con pensamiento crítico hacia la realidad, hacen que la sociedad crezca para tener discusiones y diálogos en pro de la democracia”, dijo el 21 de septiembre a Diálogo Fátima Ortiz, abogada y defensora de los derechos humanos en El Salvador. “Tomar el control de las universidades y de los centros de educación superior representa una de las artimañas más desesperadas de cualquier régimen, para mantener el control y la totalidad del poder”.
La Corte Suprema de Justicia también revocó la renovación de la acreditación del Centro de Mediación de la UCA, informó el 14 de agosto el medio Divergentes. Este bufete prestó servicios jurídicos a la población durante 54 años, utilizando la mediación como método alterno para la resolución de conflictos.
Desde el 2021 hasta agosto de 2023, el régimen Ortega-Murillo ha cancelado la personería jurídica de 29 universidades privadas, confiscado sus bienes y cambiando sus nombres y administraciones académicas. Aunque el régimen sostiene que ahora son entidades públicas, a los alumnos les siguen cobrando mensualidades, dice la revista centroamericana Expediente Público.
“La dictadura Ortega-Murillo tiene un proyecto político que busca consolidar un modelo autoritario dinástico de partido único, a través del control político de todos los sectores de la sociedad, e imponer el adoctrinamiento del sistema educativo con la reforma que se hizo el año pasado [2022] a la ley 89 de autonomía universitaria” dijo a Infobae la abogada y excatedrática de la UCA María Asunción Moreno. “Legalizaron la injerencia del poder político en las instituciones de educación superior, eliminaron la autonomía universitaria y la libertad de cátedra y, prácticamente, se hizo un acta de defunción de la concepción de universidad como un centro de creación de ideas y pensamiento crítico”.