El venezolano Nicolás Maduro continúa su asalto a la sociedad civil, esta vez enfocando sus ataques en las organizaciones no gubernamentales (ONG) y amenazando con acabar con las organizaciones sin fines de lucro que cuestionan continuamente las acciones del régimen. A mediados de enero, la Asamblea Nacional Venezolana, con mayoría favorable al régimen, aprobó la Ley de Control, Regularización, Funcionamiento y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Similares, que según representantes de la sociedad civil, pretende aniquilar a las ONG.
Según el diario español El País, el régimen lleva años, desde la época de Hugo Chávez, debatiendo diversos instrumentos legales para limitar o desbandar a las ONG venezolanas.
Las ONG son conocidas por vigilar de cerca las violaciones y excesos del régimen en temas como derechos humanos, transparencia, corrupción, gestión medioambiental, libertad de expresión y muchos más.
El abogado Darrin Gibs, de la ONG Defiende Venezuela, que agrupa a defensores de derechos humanos dedicados a denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, explica a Diálogo que el proyecto de ley prevé la creación de un organismo de control para las ONG, e incluye entre las prohibiciones recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos; realizar actividades políticas; promover o permitir acciones que atenten contra la estabilidad nacional.
El proyecto de ley también obliga a registrarse ante el organismo de control y declarar la identidad y el origen de las donaciones. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos de la ley podría suponer la denegación del reconocimiento de la personalidad jurídica de la ONG y la imposición de multas. Para Génesis Dávila, presidenta de Defiende Venezuela, el riguroso conjunto de controles, verificaciones e inspecciones propuesto, “al asignar y someter a un conjunto de obligaciones y prohibiciones abusivas”, hará inviable la labor de las ONG.
“La sociedad civil se verá seriamente afectada por las limitaciones o cierres de estas organizaciones, que han creado espacios que les permiten cumplir fines benéficos, sociales o de interés general, así como la promoción y defensa de los derechos humanos, la preservación del medio ambiente, la salud, y el desarrollo científico, tecnológico, artístico, literario, religioso, educativo u otras áreas de utilidad general”, dijo Dávila a Diálogo.
Para Gabriela Buada Blondell, periodista, investigadora y profesora universitaria, directora de la ONG Caleidoscopio Humano, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, el proyecto de ley es una amenaza a la libertad de asociación y expresión y una forma de criminalizar el trabajo en defensa de los derechos humanos.
“De aprobarse este proyecto de ley se eliminaría por completo la posibilidad de la libertad de expresión. Las víctimas quedarían desamparadas y muchos trabajadores de organizaciones humanitarias, asociaciones civiles, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, quedarían desempleados”, dijo Blondell a Diálogo. Para la periodista, el régimen pretende obstaculizar el trabajo de las ONG que han denunciado una y otra vez las actuaciones de Maduro y las violaciones de los derechos humanos.
El objetivo del régimen venezolano con este proyecto de ley “es eliminar la disidencia, acallar las voces y acabar con la democracia y con quienes denuncian las violaciones de los derechos humanos en el país”, dijo Blondell.
“Todo el proceso ha intimidado a las ONG y a los defensores, pero también a las víctimas. La persecución que ha tenido lugar en los últimos meses, exponiendo a los defensores en los programas de televisión del gobierno, el discurso amenazante y las detenciones arbitrarias, han dejado huella en la sociedad. El miedo y la indignación por la desprotección están latentes cada día”, agregó Blondell, quien recuerda que el 15 de febrero, el régimen de Maduro ordenó suspender las labores de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y que el personal abandonara el país. La decisión se produjo después de que el Alto Comisionado condenara la detención de Rocío San Miguel, abogada y activista de derechos humanos especializada en temas militares. El día anterior, expertos de la ONU publicaron un informe en el que afirmaban que el programa de Maduro contra el hambre es ineficaz y susceptible de influencias políticas.
“Todos los medios de comunicación y actores internacionales deben seguir de cerca lo que ocurre en Venezuela, ya que el miedo y la censura promovidos por la ley y los abusos del régimen autoritario imponen una normalización de las violaciones de derechos humanos en la nación (…)”, concluyó Blondell.