Más de 27 000 personas han sido detenidas en El Salvador desde el inicio del estado de excepción decretado a finales de marzo por el Gobierno de Nayib Bukele, en medio de una ola de asesinatos relacionados con las pandillas.
“Cerramos el martes 10 de mayo con 27 831 terroristas capturados en solo 46 días”, dijo el presidente Bukele en su cuenta de Twitter.
El 26 de marzo fue el día más sangriento que registró el país desde la guerra civil hace 30 años, con al menos 62 homicidios en solo 24 horas, según The New York Times. La Policía Nacional Civil reportó al menos 172 personas asesinadas entre el 1.º y el 31 de este mes; el 51 por ciento de estos crímenes a nivel nacional se produjeron en apenas tres días, entre el 25 y 27, reportó el medio digital El Mundo.
Las autoridades del país centroamericano señalaron a las pandillas Mara Salvatrucha, o MS-13, y Barrio 18, con mayor presencia en el territorio, como responsables principales de esta matanza en la que dispararon indiscriminadamente en las calles. El estado de excepción, decretado el 27 de marzo por 30 días, fue prorrogado por un mes más. Esta medida es utilizada por los Estados cuando se presentan situaciones de grave conmoción social que atentan contra la seguridad nacional. El régimen de excepción permite a las autoridades actuar de manera inmediata para controlar las amenazas.
“Tenemos 16 000 homeboys en nuestro poder, aparte de los 1000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya […]”, señaló el 28 de marzo el presidente Bukele en su cuenta de Twitter, en referencia a las medidas adoptadas por las autoridades, además de advertir públicamente a las pandillas que cesen sus actos de violencia o se atengan a las consecuencias.
El Plan Control Territorial
Al asumir el poder en junio de 2019, Bukele lanzó su Plan Control Territorial para hacer frente a los grupos criminales y garantizar la seguridad de la población. El plan se enfoca en tres áreas: control de los centros penales, interrupción del financiamiento al crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. Una línea de acción tiene que ver con eliminar la comunicación desde las penitenciarías, ya que los reportes de inteligencia dan cuenta de que el 80 por ciento de las órdenes de homicidios y extorsiones salen de los centros penales, reportó el medio Forbes.
“El Plan Control Territorial es una estrategia integral, que incluye la recuperación de espacios que históricamente han sido dominados por pandillas, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la generación de oportunidades de desarrollo para la población y mayormente los jóvenes”, indicó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador en un comunicado.
Desde el lanzamiento del plan la tasa de homicidios en El Salvador disminuyó en 36 por cada 100 000 habitantes en 2019, cayó a 20 en 2020, y luego a 17 en 2021 –en 2015 El Salvador tenía la tasa de asesinatos más alta del mundo, con 103 por cada 100 000 habitantes. Sin embargo, la política de “mano dura” implementada por el presidente Bukele contra las pandillas no ha estado exenta de polémica dentro y fuera del país. Según los resultados de una encuesta realizada por CID Gallup en abril de 2022, el 91 por ciento de la población apoya no solo las medidas tomadas en relación a las pandillas, sino la rigurosidad de estas.
En una declaración del 10 de abril, el Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony J. Blinken, ofreció el apoyo continuo de los EE. UU. a El Salvador en sus esfuerzos para frenar las actividades ilegales de las pandillas.
“Desde 2008 hemos invertido USD 411 millones, para mejorar la seguridad ciudadana y ayudar al Gobierno salvadoreño a combatir la violencia de las pandillas. Algunos ejemplos son la construcción de un laboratorio forense de última generación en Nuevo Cuscatlán, y la asistencia para recuperar y renovar espacios públicos como el Parque Cuscatlán”, dijo Blinken. “Las pandillas representan una amenaza para la seguridad nacional de El Salvador y de los Estados Unidos. Instamos a El Salvador a hacer frente a esta amenaza al tiempo que protege las libertades civiles vitales, incluyendo la libertad de prensa, el debido proceso y la libertad de expresión”.
A inicios de abril el Congreso salvadoreño aprobó un paquete de reformas que modifican normas del Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley Antiterrorismo. Una de las enmiendas al Código Penal establece penas de entre 40 y 45 años de cárcel para los jefes de las bandas, frente a los nueve de antes. Según el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro “estas reformas pretenden imponer duras penas a estos terroristas que se creen por encima de la autoridad, y juegan con la vida de los salvadoreños”, reportó France 24.