Deforestación: la otra crisis de Nicaragua

Deforestación: la otra crisis de Nicaragua

Por Juan Delgado/Diálogo
enero 14, 2022

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Nicaragua alberga la segunda selva tropical más grande del hemisferio occidental, después del Amazonas. La reserva de la biosfera Bosawás es considerada el bioma más rico del planeta, según la UNESCO. Sin embargo, Nicaragua es uno de los países con la mayor tasa de deforestación del mundo, con una pérdida de una quinta parte de su cubierta forestal desde la década de los 2000, reportó en junio de 2020 el sitio de noticias medioambientales Mongabay, con datos de la Organización de las Naciones Unidas.

La deforestación en el país es atribuida a los asentamientos ilegales en zonas boscosas, la tala indiscriminada, la explotación minera y la ganadería invasiva; pero reportes recientes indican que el daño ambiental se ha hecho con el consentimiento del régimen de Ortega-Murillo.

En un informe de noviembre de 2021, el Proyecto de Información sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP en inglés), una organización internacional de investigación periodística, vincula el aumento de la deforestación en Nicaragua con el régimen de Ortega-Murillo y su creciente control del poder en el país. Datos analizados por Our World in Data, iniciativa científica dirigida por académicos de la Universidad de Oxford, indican que los bosques de Nicaragua desaparecieron a un ritmo anual medio de más del 2,5 por ciento entre 2015 y 2020, cuando, según el OCCRP, el régimen de Ortega-Murillo tomó el control directo del Instituto Nacional Forestal (INAFOR) de Nicaragua.

Las investigaciones del OCCRP surgen de una filtración masiva de documentos del INAFOR, que muestra cómo las presuntas prácticas corruptas del régimen fomentan el desastre medioambiental. Este desastre ha sido alimentado por la corrupción dentro del INAFOR y habilitado por régimen de Ortega-Murillo. Los datos de INAFOR muestran que Rosario Murillo y otros funcionarios públicos intervinieron directamente en el trabajo de la agencia, utilizándola para repartir favores a empresas vinculadas políticamente.

“El régimen ha utilizado el negocio de la deforestación para enriquecer su capital familiar; también ha modificado la legislación ambiental para controlar […] la extracción forestal”, dijo Amaru Ruiz, director de la organización ambiental nicaragüense Fundación del Río, y quien se encuentra en exilio en Costa Rica, en una columna de opinión publicada en el diario nicaragüense La Prensa, en mayo de 2019.

En entrevista con el OCCRP, el ex ministro de Ambiente y Recursos Naturales Jaime Incer Barquero dijo que el acaparamiento ilegal de tierras en territorios indígenas, un factor clave de la deforestación, se hace con el “consentimiento de las autoridades a todos los niveles”.

Un exfuncionario de INAFOR, que habló bajo condición de anonimato, dijo que la agencia entregaría permisos forestales bajo la dirección de la presidencia por razones políticas, a empresas cuyos verdaderos propietarios se desconocen. “Su función es hacer que parezca legal, aunque no lo sea”, dijo al OCCRP.

De hecho Daniel Ortega, quien se negó a firmar el Acuerdo de París en 2017 diciendo que no era suficiente, según reportó el Washington Post en mayo de ese año, ha estado promoviendo actividades que contribuyen en gran medida a la deforestación.

“Ha habido apoyo institucional del régimen […] para promover la inversión de capital en minería y ganadería. También hay participación de grandes corporaciones en el procesamiento de aceite de palma. Hay poca voluntad política para proteger los bosques de Nicaragua”, dijo Ruiz en entrevista con la organización internacional InSight Crime, publicada en enero de 2021.

En su reporte de 2020 Nicaragua: Una revolución fallida, el grupo de estudios estadounidense Oakland Institute revela que el régimen de Ortega-Murillo ha ofrecido a potenciales inversionistas más de 7 millones de hectáreas (equivalente al 60 por ciento del territorio nacional) para concesiones mineras, y casi 4 millones de hectáreas (el 30 por ciento del territorio) para proyectos forestales.

El régimen de Ortega-Murillo “ha jugado un papel activo en alentar la colonización de las tierras de la Costa del Caribe [tierras indígenas]. Ha alentado la fiebre del oro ofreciendo millones de hectáreas disponibles para concesiones mineras, de las cuales más de 800 000 hectáreas se encuentran dentro de la reserva de biosfera de Bosawás”, dijo Lottie Cunnigham Wren, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, al portal de noticias internacional DW.

El régimen ha estado “ignorando descaradamente la crisis climática y la deforestación masiva en el país”, puntualiza Oakland Institute en su reporte, mientras la agencia oficial de promoción de inversiones en Nicaragua PRONicaragua, anuncia a Nicaragua como un país “con una oferta casi infinita de tierras ‘adecuadas’ para proyectos forestales”.

“El país que ha perdido sus bosques al ritmo más rápido [en el mundo] es en realidad Nicaragua”, concluye el OCCRP. “Los bosques de Nicaragua podrían desaparecer prácticamente en unas décadas si la deforestación continúa a este ritmo”.

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