Costa Rica enfrenta una ola de violencia sin precedentes, debido a las disputas entre bandas de narcotraficantes que utilizan su territorio para transitar, almacenar, producir y vender drogas, reportó la Voz de América.
Para frenar la criminalidad de estos grupos, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) lanzó la Política Nacional de Seguridad Pública 2023-2030, un instrumento diseñado para crear un nuevo frente de acciones estratégicas.
“La Política es la herramienta con la que libraremos la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo a Diálogo el 2 de enero Mario Zamora Cordero, ministro de Seguridad Pública de Costa Rica. “Se trata de un frente común con normativas de Estado que combaten a la criminalidad en el terreno, pero que simultáneamente incorporan las medidas preventivas urgentes y necesarias que el país requiere”.
La Política plantea un “Modelo proactivo de gestión policial por nodos demandantes”, que permite generar evidencias que dirijan la labor diaria policial de manera focalizada, para la anticipación de delitos. A esto se suma el fortalecimiento del servicio de datos DATAPOL, que se desarrolló con la Embajada de los EE. UU. en Costa Rica, con la georreferencia y geolocalización de factores de riesgo e incidencia delictiva, para un análisis integral del territorio.
En cuanto a la Policía de Control de Drogas (PCD), la apuesta es reforzar el trabajo de inteligencia policial y de cooperación internacional, para una mejor lectura de los fenómenos criminales. Esto genera un mayor dinamismo en las funciones investigativas y además permite mayor presencia en lugares donde tradicionalmente no se tenía o bien no había un impacto representativo en la lucha contra el crimen organizado.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), estima que más de 1000 personas en Costa Rica se dedican a actividades vinculadas al crimen organizado; mientras que el MSP calcula que existen 340 organizaciones delictivas, informó el medio costarricense Radio Monumental.
“Es un escenario de bandas armadas que son verdaderas empresas de venta de drogas en nuestro país y defienden esos mercados a través de sicarios que todos los días asesinan a miembros de bandas rivales para controlar esos mercados”, añadió Zamora. “Estos grupos criminales intentan instaurar territorios independientes, donde pretenden ejercer gobernanza implantada con terror y crimen”.
El OIJ advirtió cinco situaciones que confirman la formación de un mega cártel: compran droga directamente en Sudamérica y sin intermediarios; se financian a través de negocios que aparentan ser lícitos; ejecutan asesinatos sanguinarios; tienen contactos en el exterior para exportar la droga; y presentan una cultura expansionista, detalló el medio costarricense CRHoy.
Uno de los fugitivos que reúne estas características es Alejandro Arias Monge, alias Diablo, quien con la ayuda de testaferros adquirió bienes, propiedades y negocios, para legitimar dinero producto de actividades ilícitas, explicó el medio digital costarricense Teletica.
El OIJ y la Fiscalía investigan una parte de sus negocios y mantienen en prisión a varios de sus sicarios. Además, capturaron en diciembre al número dos de su organización criminal, a quien se le atribuye parte de la logística delictiva, detalló el medio costarricense El Observador.
Otro hecho relevante fue la desarticulación en noviembre de una organización dedicada a la producción y tráfico de fentanilo, en un operativo liderado por la PCD y apoyado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, que dejó cuatro detenidos, insumos y 1100 dosis incautadas listas para su venta, explicó la cadena France 24.
La banda vendía la droga al menudeo a personas de alto poder adquisitivo, combinada con otras sustancias, sin informarles lo que realmente estaban consumiendo. “Muy posiblemente estos narcóticos vinieron de México”, explicó Carlo Díaz, fiscal general de Costa Rica.
De acuerdo con cifras del OIJ reportadas por El Observador, Costa Rica registró 870 homicidios entre el 1.º de enero y el 15 de diciembre de 2023. 705 muertes ocurrieron con arma de fuego y 591 están relacionados con ajustes de cuentas del crimen organizado.
El informe Estado de la Nación 2023, del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, confirmó que “las víctimas y victimarios se caracterizan por ser jóvenes que desde edades tempranas viven sin tener acceso a oportunidades de educación y empleos de calidad y sin satisfacer sus necesidades básicas como vivienda digna, pues habitan en entornos comunitarios inseguros; situación que los coloca como blanco fácil para ser reclutados por el crimen organizado y el narcotráfico”.
Para los costarricenses, la inseguridad fue el principal problema en 2023. Mientras tanto, de acuerdo con Forbes Centroamérica, el presidente Rodrigo Chávez consideró que algunos de los temas fundamentales para resolver el problema de la criminalidad están la detención y el encarcelamiento de los individuos participantes en el sicariato y la guerra de bandas.