Aulas vacías, maestros en huelga y edificios decrépitos son algunas de las consecuencias de la crisis económica en Venezuela. Solo días después del cierre del año escolar 2018-2019, la diputada opositora de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Bolivia Suárez, dijo que el país atravesaba una “catástrofe educativa”.
La parlamentaria y miembro de la Comisión de Desarrollo Social de la AN explicó en julio que las escuelas públicas solo cumplieron el 70 por ciento del calendario escolar previsto, es decir que los estudiantes perdieron más de dos meses de educación. La falta de agua, las interrupciones eléctricas y el caos con los servicios de transporte públicos contribuyeron al colapso de la educación, dijo la diputada.
“Lo que está haciendo este régimen con la educación es un acto criminal”, dijo Suárez en rueda de prensa.
“Tenemos problemas colaterales como el transporte, el comedor estudiantil, inseguridad por falta de presupuesto para contratar vigilantes, el mantenimiento y el equipamiento”, dijo a Diálogo Pablo Aure, docente y secretario general de la casa de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Carabobo en la ciudad de Valencia, Venezuela. “Nuestras instituciones, bajo este modelo, están condenadas prácticamente al cierre”.
Los estudiantes y profesores han ido abandonando las aulas en cantidades masivas. En septiembre de 2018, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela alertó a la AN que solo entre el 10 y el 15 por ciento de los estudiantes asistieron al inicio de las clases del año escolar 2018-2019. Raquel Figueroa, coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo de la AN, dijo que más de 271 000 docentes, o sea el 50 por ciento de la nómina del Ministerio de la Educación, habían abandonado el sistema educativo.
En mayo de 2018, 14 organizaciones no gubernamentales venezolanas denunciaron en un comunicado conjunto “los continuos ataques del Estado venezolano” contra los profesores universitarios, así como atentados contra la libertad académica y la autonomía universitaria.
“Toda institución donde se debatan ideas, se generan conocimientos e investigaciones, por supuesto que es enemigo de este tipo de sistema de gobierno tiránico y dictatorial”, dijo Aure. “El régimen ha destruido las instituciones públicas, incluyendo las universidades. Están tratando de cerrarlas, indirectamente bloqueando el presupuesto con los salarios de hambre que tienen nuestros trabajadores, prohibiendo las elecciones en las universidades autónomas y persiguiéndonos a nosotros como docentes”.
Según la nueva tabla salarial del sector docente presentada por el gobierno en enero de 2019, un docente con 23 años de servicios trabajando 40 horas por semana ganaría unos 51 000 bolívares al mes, o sea un poco más de USD 3 (basado en la tasa de cambio de agosto 27).
La institución educativa “sigue hoy de pie por la mística de unos profesores que hacen su trabajo por amor, incluso, ponen de sus bolsillos con lo poco que tienen para comprar marcadores para los pizarrones”, dijo a Diálogo Hasler Iglesias, quien fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela entre 2015 y 2016. “Hoy lamentablemente, los profesores tienen que ausentarse de las aulas para hacer horas de colas para comprar un paquete de harina, pan, jabón, pañales… y eso también incide en la calidad de la educación en Venezuela”.