Los mayores grupos delictivos de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Rojo (CV), trabajan con mineros ilegales en el Amazonas, obstaculizando los esfuerzos del gobierno para erradicar la minería y contribuyendo al aumento de la violencia en la reserva Yanomami de Brasil, el territorio indígena más grande del mundo y hogar de aproximadamente 30 000 indígenas.
Se dice que los delincuentes suministran maquinaria pesada y armas a los mineros, actúan como guardias de seguridad en determinadas minas y ayudan a transportar el oro extraído fuera de la Amazonia. Los grupos también dirigen redes de prostitución y tráfico de drogas en tierras yanomami.
“¿Por qué la protección del territorio yanomami se ha prolongado sin muertos durante meses y en las últimas semanas se han producido enfrentamientos armados? Porque exactamente los sectores que permanecen en el territorio están vinculados a facciones criminales”, afirmó el 18 de mayo Flávio Dino, ministro de Justicia, en una conferencia de prensa.
Equipos del Instituto Brasileño del Medio Ambiente, de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y de la Policía Federal de Carreteras fueron atacados a tiros por mineros a finales de abril, mientras realizaban una inspección en una zona de minería ilegal en tierra yanomami. El enfrentamiento se saldó con la muerte de cuatro mineros, uno de ellos Sandro Moraes de Carvalho, conocido como Presidente, presunto comandante del PCC en Roraima.
“Muchas de las organizaciones narcotraficantes más grandes y maduras –incluyendo el PCC y CV de Brasil y facciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia– tienen influencia en la mayoría de los países y territorios que conforman la Cuenca Amazónica”, dijo a Diálogo Robert Muggah, cofundador y director del Instituto Igarapé, quien contribuyó al Informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), publicado en junio.
“El tráfico de drogas y la explotación sexual también son cada vez más comunes, y el PCC es visto como un actor clave. Se sospecha que el PCC está involucrado en brindar protección, financiar la extracción de oro y utilizar las minas para lavar las ganancias del tráfico. El río Urariocera es un corredor clave a través del territorio yanomami, que facilita la minería ilegal con grupos criminales organizados que recaudan impuestos ilegales de los buscadores, comerciantes y residentes locales”, añade Muggah.
Las alianzas y superposiciones del crimen organizado con los delitos ambientales están en el centro de los estudios de Aiala Colares, profesora e investigadora de la Universidad Estatal de Pará (UEPA), una de las coordinadoras del proyecto Cartografía de la Violencia, en la Región Amazónica del Foro Brasileño de Seguridad Pública.
Según el estudio, la intensa presencia de facciones del crimen organizado en la región norte contribuye al aumento de las tasas de homicidios/muertes violentas intencionales en la zona. La tasa media de violencia letal en la región es un 40,8 por ciento superior a la de otros municipios brasileños. En 2021, Brasil mostró una caída del 6 por ciento en las muertes violentas, una tendencia observada desde 2018. La región norte, sin embargo, fue la única en la que la tasa creció –un aumento del 9 por ciento–, alcanzando una tasa de 33,3 casos por cada 100 000 habitantes, frente a los 22,3 de todo el país.
“Hay evidencias de que el PCC actúa en algunas áreas mineras del estado de Roraima, en territorio yanomami. Es un grupo que se refugió allí del sistema carcelario y fue a la zona minera, que es de difícil acceso, y luego comenzó a establecer bases, instalar sus actividades y apropiarse de la estructura minera, casas de prostitución, extracción de oro, tráfico de armas e incluso narcotráfico, dentro de la región minera”, explicó Colares a Diálogo.
Según el investigador, en Pará, además del PCC, el CV actúa en municipios que tienen relación directa con las minas de oro. Pero también hay facciones locales que se han expandido, como el Comando Clase A, el Cártel del Norte, los Críos, en la frontera con Perú y otros como la Familia del Terror de Amapá y la Unidad Criminal Mapaense. En algunos lugares, como en los municipios de Jacareacanga e Itaituba, el PCC está articulado con toda la estructura empresarial de la minería.
“También porque la cuestión del oro acaba siendo utilizada como actividad estratégica para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico”, agrega Colares.
En una acción coordinada por el Gobierno federal, el Ministerio de Defensa lanzó a finales de junio la Operación Ágata Frontera Norte, de las Fuerzas Armadas contra la minería ilegal de oro y en defensa de los pueblos indígenas del Territorio Yanomami. La operación intensifica las acciones preventivas y represivas contra los delitos transfronterizos y ambientales en la región norte del país, promoviendo patrullajes y registros de personas, vehículos, embarcaciones y aeronaves, así como detenciones en flagrancia. Ágata cuenta con unos 1320 militares.