El 9 de septiembre, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denunció que millones de venezolanos siguen padeciendo violaciones a los derechos humanos, que incluyen docenas de posibles ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la fuerza policial especial.
Michelle Bachelet dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, en un discurso sobre Venezuela, que organizaciones no gubernamentales informan que solo en julio, la Fuerza de Acción Especial de la policía llevó a cabo 57 presuntas ejecuciones en Caracas.
La presentación de Bachelet fue después de un informe emitido a principios de julio, que menciona un “patrón de tortura” bajo el régimen de Nicolás Maduro, y citó violaciones como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y desapariciones forzadas.
En su último discurso Bachelet señaló algunas áreas de progreso, aunque advirtió sobre más casos de violaciones a los derechos humanos y un deterioro general, pues más de cuatro millones de venezolanos huyeron de un país azotado por una hiperinflación que redujo el salario mínimo a USD 2 mensuales.
Si bien Bachelet expresó que pidió a funcionarios desmantelar la temida Fuerza de Acción Especial de la policía, agregó que, en realidad, la unidad recibe apoyo permanente de altas esferas gubernamentales.
Bachelet mostró preocupación por grupos que colaboraron con ella en el informe anterior, y que desde entonces reciben críticas y amenazas de altos funcionarios.
“Es inaceptable que haya represalias por colaborar con las Naciones Unidas”, dijo. “Exhorto a las autoridades a que tomen medidas preventivas”.
Bachelet dijo que le preocupa una propuesta de ley que criminalizará las actividades de organizaciones de derechos humanos que reciben dinero del extranjero, lo cual podría deteriorar aún más la democracia en Venezuela.
Al destacar los avances Bachelet dijo que hace poco se le permitió a un miembro de su equipo visitar, con acuerdos de visitas de seguimiento, el Centro Militar Ramo Verde, una prisión utilizada por lo regular para retener a quienes la oposición considera prisioneros políticos. El Gobierno también liberó a 83 personas cuyos arrestos fueron considerados arbitrarios por los observadores de derechos humanos, dijo. Agregó que los funcionarios acordaron evaluar otros 27 casos, para los cuales esperan tomar medidas pronto.