“La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) representa una amenaza potencialmente duradera para la seguridad y el bienestar de los Estados Unidos y sus vecinos en Latinoamérica y el Caribe”, afirma el informe Delitos de pesca INDNR en Latinoamérica y el Caribe, publicado en agosto por el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos (CLALS) de la Universidad Americana en Washington, DC, en colaboración con la organización de periodismo de investigación InSight Crime.
Al analizar el problema en nueve países de la región (Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Jamaica, Panamá, Surinam y Uruguay), los investigadores informan que China se encuentra entre los principales violadores de pesca INDNR en estos países, con la presencia de buques pesqueros tanto ensus aguas territoriales, como en los límites así como dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE).
“Se cree que la pesca en aguas distantes (DWF) de China afecta significativamente al medio ambiente y tiene un fuerte impacto socioeconómico en los países en desarrollo”, dijo a Diálogo Miren Gutiérrez, investigadora asociada del Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI), un laboratorio de ideasinternacional con sede en Londres, Reino Unido.
Gutiérrez recuerda que China cuenta con la mayor flota de buques de pesca de altura del mundo, con casi 17 000 embarcaciones, según el estudio del ODI para 2020, y afirma que este exceso de capacidad implica una importante exportación de riesgo ecológico a las aguas de los países en desarrollo, a pesar del aumento de las regulaciones y las restricciones en general en todo el mundo. “Mientras que el boom pesquero ha beneficiado a China, a los consumidores chinos y a las empresas chinas, la mayor parte de los costes sociales, medioambientales y económicos, recaen sobre los países costeros en desarrollo, que no participan en forma equitativa de los beneficios”, dijo Gutiérrez.
Cientos de barcos chinos operan en los océanos de Latinoamérica durante todo el año, y desde hace tiempo se les acusa de saquear dos grandes bancos de peces: las aguas cercanas a Argentina en el Atlántico Sur y las cercanas a Chile, Perú y Ecuador en el Pacífico Sur, afirma InSight Crime. número de barcos chinos que saquean las aguas de las costas de Latinoamérica podría ser de entre 300 y más de 700, según indican varios medios de comunicación y organizaciones internacionales.
Los países de la región se movilizan para combatir la pesca INDNR. A principios de septiembre, por ejemplo, bombarderos B-1B de la 7.a Ala de Bombardeo de la Fuerza Aérea de los EE. UU., apoyaron a los gobiernos de Ecuador y Panamá en operaciones contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, para detectar barcos pesqueros chinos ilegales y disuadir las malignas actividades chinas, dijo la plataforma militar The War Zone.
Esta práctica delictiva está asociada a otros delitos como trabajo en condiciones de esclavitud, tráfico de drogas, piratería, corrupción y contaminación marina. El impacto negativo también recae en las economías de los países afectados, con pérdidas que alcanzan los USD 2300 millonesanulmente, destacó la publicación del CLALS.
Además de desactivar su Sistema de Identificación Automática, los buques pesqueros chinos también exhiben la bandera de otro país, conocida como bandera de conveniencia, para intentar eludir las inspecciones y la ley en general. “La propiedad y la gestión operativa de la flota china de DWF es compleja y opaca. La propiedad de los buques está muy fragmentada entre muchas pequeñas empresas, y el registro se hace en diferentes jurisdicciones”, explicó Gutiérrez.
Una de las principales preocupaciones “es el trato que reciben los miembros de la tripulación a bordo de buques extranjeros cerca de la ZEE [de los países de la región], especialmente los que enarbolan la bandera china. Aunque los capitanes y oficiales de estos barcos son chinos, hay informes creíbles de abusos y tráfico de miembros de la tripulación”, destaca el informe.
En 2019, un grupo de ciudadanos chinos fue acusado de contrabando, lavado de dinero y evasión de unos USD 23 millones en impuestos, utilizando empresas de exportación de pescado con sede en la ciudad argentina de Mar del Plata. “China no se adhiere a una serie de acuerdos internacionales relevantes, y no demanda un alto nivel de exigencia a sus buques registrados”, dijo Gutiérrez.
A principios de abril, la General del Ejército Laura J. Richardson, comandante del Comando Sur de los EE. UU., instó a los países de la región a intensificar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y a detener la expansión china, reportó el Proyecto de Información sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP), una organización internacional de investigación periodística especializada en el crimen organizado. “Estas amenazas transversales son demasiado poderosas y abrumadoras como para que una sola nación pueda hacerles frente”, dijo la Gral.Richardson; añadió que para responder a ellas es necesario trabajar juntos.