Latinoamérica es la región menos preparada del mundo para los ataques cibernéticos, indica en su último informe el Índice Global de Ciberseguridad, una iniciativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, tras el dramático ataque a Costa Rica en 2022 llevado a cabo por el grupo ruso Conti, los países de la región han estado mejorando sus sistemas de defensa y buscando establecer cooperación con naciones aliadas para aumentar la seguridad.
Los Estados Unidos han sido uno de estos socios, dedicados a apoyar la lucha contra la ciberdelincuencia en la región. En agosto, por ejemplo, las autoridades estadounidenses colaboraron con Argentina Brasil, Perú y Uruguay, para ayudar a formar a agentes de seguridad. Ese mismo mes, la Agencia de Servicio Secreto de los EE. UU., en colaboración con las autoridades brasileñas, celebró una importante sesión de entrenamiento sobre ciberdelincuencia, en Belo Horizonte, Minas Gerais.
El evento, coordinado por la Secretaría de Estado de Justicia y Seguridad Pública de Minas Gerais (SEJUSP) y el Consulado de los EE. UU. En Belo Horizonte, reunió a 100 agentes de seguridad pública de Minas Gerais, representantes de la Casa Civil, la Hacienda Federal, el Ministerio Público, el Banco Central y la Federación Brasileña de Bancos.
“Todos tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre en el mundo virtual y en Internet. Esto requiere cada vez más colaboración entre las agencias y las fronteras”, dijo la cónsul de los EE. UU. En Belo Horizonte Katherine Ordoñez, en la apertura de la capacitación en Brasil, que tuvo como objetivo nivelar los conocimientos de las fuerzas de seguridad y las instituciones asociadas, para fortalecer las acciones de lucha contra la ciberdelincuencia y el fraude bancario en el país, con un enfoque en los delitos financieros y criptomonedas.
Según una declaración emitida a Diálogo por SEJUSP, la primera parte introdujo a los participantes en los conceptos básicos del mundo de las criptomonedas. A continuación, los profesionales recibieron información más detallada sobre las investigaciones. El entrenamiento demostró cómo solicitar información y los puntos de la operación de búsqueda e incautación que deben seguirse para evitar la pérdida de criptoactivos. Además, se abordaron las tendencias en los delitos relacionados con las criptodivisas, como el blanqueo de capitales y el fraude.
“Es esencial capacitar a las fuerzas de seguridad pública y otros organismos e instituciones asociadas, para que podamos hacer más eficiente la coordinación integrada, porque todos estos organismos necesitan tener conocimientos nivelados”, dijo Christian Vianna de Azevedo, subsecretario de Integración de la Seguridad Pública de la SEJUSP.
“En los últimos años hemos visto un cambio en el fenómeno de la delincuencia, que está adoptando la inversión en criptodivisas y el blanqueo de dinero a través de monedas virtuales. También ha invertido fuertemente en el cibercrimen. Muchas organizaciones criminales que antes robaban bancos físicamente ahora delinquen en el campo del fraude bancario electrónico, porque es más lucrativo y menos riesgoso”, agregó.
Apoyo en Montevideo
Entre el 14 y el 18 de agosto, más de 30 jueces, fiscales y policías de Uruguay, Perú y Argentina, se reunieron en Montevideo para participar en una conferencia sobre ciberdelincuencia, organizada por la Oficina Internacional de Pirateo Informático y Propiedad Intelectual (ICHIP) del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU..
La conferencia, celebrada en Montevideo, permitió a los participantes aprender técnicas de investigación en línea, recoger pruebas digitales en una escena del crimen simulada y presentar pruebas ante un tribunal. El motivo es que, dado que los piratas informáticos y los ciberdelincuentes en línea evolucionan constantemente en sus técnicas, es importante que los organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo también se esfuercen por mantenerse al día. La conferencia permitió a los países participantes intercambiar buenas prácticas y técnicas de investigación de la delincuencia en línea.
El objetivo era garantizar que las pruebas obtenidas en las investigaciones puedan utilizarse de manera eficaz y persuasiva ante un tribunal, para lograr condenas y sentencias duraderas que disuadan de la actividad delictiva.
“Los delitos contra la propiedad intelectual ponen en peligro la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos y amenazan los cimientos mismos de nuestras economías”, subrayó durante el acto la embajadora de los EE. UU. en Uruguay Heide B. Fulton. “Delitos como la piratería digital pueden costar a las economías locales miles de millones de dólares en ingresos perdidos, ingresos para ciudadanos y trabajadores, e impuestos no reportados a los países anfitriones”.