Crece la presión al narcorégimen de Nicaragua ante el lanzamiento de la nueva coalición nacional, que reúne a diversas organizaciones de la oposición para restablecer la democracia en el país. La policía responde y refuerza la seguridad, para impedir manifestaciones en contra del presidente Daniel Ortega.
“El régimen teme una oleada de protestas ante la unidad de estos grupos. Ortega ya no tendrá una oposición dispersa, sino una oposición diversa, organizada y estructurada”, dijo a Diálogo Eliseo Núñez, exdiputado opositor y especialista en políticas públicas. “A fines de marzo [2020] habrá más de 200 000 personas enlazadas y organizadas en todo el país; esto cambiará totalmente el sentido de la lucha”.
En la medida que la coalición avance en el tema organizativo, la posibilidad de juntar físicamente a los seguidores en un lugar determinado es mayor, siguió Núñez. Hoy en día el problema es que los mecanismos de convocatoria son públicos y entonces alertan al sistema policial, añadió.
Sin embargo, a pesar de las prohibiciones, la ciudadanía sale a las calles para rechazar la represión. El 25 de febrero, tras la conformación de la coalición nacional que busca la restitución de las libertades y elecciones transparentes, algunos ciudadanos lograron realizar “piquetes exprés” (protestas breves) en un centro comercial.
Con la bandera nacional por delante, los manifestantes exigieron la liberación de los presos políticos y la salida de Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo. No obstante, un amplio despliegue policial disolvió la protesta y amenazó a los periodistas asistentes. Simultáneamente en otras zonas del territorio nacional, grupos de jóvenes nicaragüenses exigieron la restitución de sus derechos y la justicia.
“Estas manifestaciones breves van a continuar, pero poco a poco vamos a ver que serán más organizadas que esporádicas”, expresó Núñez. “Aunque no hay condiciones para manifestarse, los jóvenes están coordinados por su convicción de rechazar una dictadura”, dijo a Diálogo Francis Machado, presidenta de la ONG nicaragüense Asociación Madres de Abril, desde su exilio en México.
Desde septiembre de 2018, las fuerzas de seguridad prohíben cualquier marcha contra el régimen y amenazan con encarcelar y enjuiciar a quienes organicen nuevas protestas, pese a que la Constitución establece el derecho a la reunión pacífica. Varios manifestantes que enarbolaron la bandera o entonaron el himno de Nicaragua fueron encarcelados.
En redes sociales, la ONG Sismología Social: Observatorio de Protestas en Nicaragua, contabilizó 442 manifestaciones en contra del régimen entre 2019 a 2020, donde predominaron huelgas de hambre y piquetes exprés. Según los datos, debido a la represión hubo un descenso de más del 80 por ciento en comparación con 2018, cuando fueron registradas 2123 protestas.
En respuesta, los nicaragüenses crearon calcomanías con los rostros de los prisioneros políticos y jóvenes asesinados, con mensajes de protesta “para seguir en la lucha y en la resistencia”, expresó Machado. Las primeras calcomanías fueron pegadas en espacios públicos en diciembre de 2019.
“Todos los días vemos en las redes sociales denuncias a nivel nacional e internacional contra las acciones del ‘Gobierno represor’ e incluso poniendo en ridículo al régimen. Las redes juegan un papel clave para llamar a la población a unirse a las marchas”, señaló Núñez. “Esto suma, porque cada expresión individual reprimida genera una cantidad de gente que tiene la necesidad de organizarse y de ‘plantar cara’ al régimen”.
Nicaragua está lejos de ser segura, publicó en diciembre The New York Times. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos recordó a Ortega que: “Los Estados deben actuar sobre la base de que las protestas son lícitas y no constituyen una amenaza para el orden público, con un enfoque puesto en la participación ciudadana, el diálogo y la negociación”.