El régimen de Nicolás Maduro insiste en su propósito de convocar a elecciones parlamentarias el 6 de diciembre, a pesar de las presiones ejercidas por la comunidad internacional para un aplazamiento, y las persistentes dudas sobre la viabilidad logística para llevar a cabo la votación.
Según el exembajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas Milos Alcalay, el propósito de Maduro es “acabar con la Asamblea Nacional [AN] legítima”, y desplazar a Juan Guaidó de la presidencia de ese poder.
Guaidó mantiene su postura de no participar en las elecciones parlamentarias que califica de fraudulentas, por la designación ilegítima de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), –algo que le pertenecía a la AN, y el aumento inconstitucional de 66 por ciento de los escaños del parlamento, entre otras irregularidades electorales. “Participar en un fraude electoral es legitimizar a la dictadura. Para que haya un proceso libre y democrático se requieren […] condiciones que no están dadas hoy en Venezuela”, dijo Guaidó a la ONG Transparencia Venezuela.
Sanciones y negociaciones
El 4 de septiembre, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. sancionó a funcionarios del régimen de Maduro, por socavar el orden democrático en Venezuela, y por interferencia electoral para impedir que se celebren elecciones parlamentarias libres y justas en diciembre.
“Una elección parlamentaria injusta y no libre sólo profundizará la crisis en Venezuela. Todos aquellos que buscan privar a los venezolanos de un futuro democrático deben considerarse advertidos: Los EE. UU. se mantedrán firmes contra el autoritarismo”, dijo el secretario de Estado de los EE. UU. Mike Pompeo en su cuenta de Twitter.
Las personas sancionadas incluyen a Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, procurador general de la república; Indira Maira Alfonzo Izaguirre y José Luis Gutiérrez Parra, ambos rectores del CNE.
Posteriormente, el 20 de septiembre, el Departamento del Tesoro sancionó a cinco dirigentes políticos por haber participado como parte de un plan para manipular las elecciones parlamentarias de diciembre, “poniendo el control de los partidos de la oposición de Venezuela en manos de políticos afiliados al régimen de Nicolás Maduro, socavando cualquier desafío creíble de la oposición a ese régimen”, indicó en un comunicado.
Por su parte, la Unión Europea (UE), a finales de septiembre, envió una misión diplomática a Caracas para tratar de llegar a un aplazamiento de las elecciones. Sin embargo, no logró su objetivo.
La decisión del régimen de Maduro, dijo ante el Parlamento Europeo el alto representante de la UE para la Política Exterior Josep Borrel, “solo sirve para empeorar la situacion política en Venezuela”.
“La UE evidentemente no podrá ni siquiera plantearse el envío de una misión de observación electoral”, recalcó.
Para Roberto Abdul, representante de Súmate, organización civil que monitorea las elecciones en Venezuela, los riesgos de llevar a cabo una campaña electoral y una votación en medio de la pandemia por el COVID-19 son enormes. Por otra parte, debido a la cuarentena se ha retardado la ejecución del cronograma para las elecciones.
Uno de los aspectos más delicados se refiere a las máquinas de votación. Luego de un incendio en los depósitos del CNE en marzo, quedaron inutilizadas al menos dos tercios de las máquinas. El régimen anunció que está en marcha la importación de 15 000 máquinas con un sistema de votación desconocido.
“No hay certeza de nada. Incluso, los mismos rectores [del CNE] manifiestan preocupaciones sobre el avance del proceso”, dijo Abdul.